Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 28 de octubre del 2026.- El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, rechazó categóricamente los reportes periodísticos que señalan a su esposa, Natalia Rezende Moreira, de haber sido retenida por autoridades aduanales en Estados Unidos tras presuntamente transportar una fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar.
Desde las instalaciones de la Cámara de Diputados, el exgobernador de Morelos arremetió contra las versiones publicadas por el semanario Proceso, las cuales indicaban que Rezende había sido interceptada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un aeropuerto de Nueva York portando decenas de miles de dólares en efectivo. Según dicha publicación, la mujer habría justificado que el recurso correspondía a una donación religiosa, desencadenando presuntas gestiones del legislador para resolver su situación legal.
«No me importa un cacahuate lo que digan. Es totalmente falso (…), son ataques de mis enemigos políticos», aseveró el legislador ante los medios de comunicación, descalificando la veracidad del informe y argumentando que la normativa aduanal estadounidense permite el ingreso de efectivo siempre que se realice la declaración correspondiente.
En su respuesta, Blanco Bravo atribuyó las filtraciones y publicaciones a una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos en el marco de su trayectoria en el servicio público y su gestión previa en el estado de Morelos.
El legislador sostuvo que su entorno familiar se encuentra «tranquilo» y descartó que los señalamientos mediáticos tengan relación con grupos del crimen organizado. En ese sentido, defendió su gestión como gobernador (2018–2024), argumentando que durante su mandato se concretaron detenciones de objetivos prioritarios en la entidad.
Pese a la vehemencia de la negativa del diputado, no se exhibieron documentos oficiales o constancias aduanales que desmientan de forma verificable el acta o reporte del CBP citado por los medios de comunicación.
La utilización de las instalaciones del Congreso para desestimar señalamientos del ámbito personal y financiero familiar vuelve a abrir el debate sobre los límites entre la defensa política y la obligación de transparencia institucional ante presuntas irregularidades de servidores públicos o sus familias cercanas.
