Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de octubre del 2026.- Durante la sesión de Cabildo del Municipio de Chihuahua, el regidor morenista Miguel Riggs Baeza exhibió discrepancias aritméticas en los reportes de barrido mecanizado, incrementos millonarios en comunicación social y dudas sobre la priorización del gasto público en la capital.
En el marco de la discusión y análisis de la glosa del Informe del Gobierno Municipal, el regidor Miguel Riggs Baeza lanzó severos cuestionamientos sobre el destino y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos ejercidos por la administración local, señalando un acumulado superior a los 29 mil 700 millones de pesos entre 2022 y 2026.
Ante el Pleno del Cabildo, Riggs Baeza centró su intervención en la revisión puntual de partidas presupuestales específicas, desatando un debate sobre las prioridades institucionales, el sobreejercicio en áreas de imagen institucional y la precisión de los datos presentados en los informes oficiales.
«Hay algo que los chihuahuenses tienen derecho a saber: ¿Cómo puede costar tanto gobernar una ciudad y seguir teniendo tantos problemas sin resolver? Porque el problema no es solamente cuánto dinero se gasta. El problema es qué se hace con ese dinero», sentenció el regidor durante su exposición en tribuna.
El análisis financiero presentado por el edil expuso incrementos desproporcionados en áreas clave de la administración y contrastes en la asignación de recursos frente a las necesidades urbanas más urgentes:
Riggs Baeza señaló una marcada asimetría en las prioridades presupuestales al comparar los registros del programa FODESEM de 2025 y 2026, donde se destinaron 140 millones de pesos para la entrega de mochilas frente a apenas 42 millones de pesos para carpeteo y bacheo —menos de una tercera parte—, a pesar del deterioro constante de la red vial en diversas colonias de la capital.
El presupuesto asignado a la Comunicació Social experimentó un crecimiento exponencial al pasar de 67.9 millones de pesos en 2022 a 134.8 millones proyectados para 2026, contemplando más de 115 millones exclusivamente en convenios publicitarios.
Asimismo, cuestionó la sostenibilidad y transparencia del gasto en el taller mecánico, el cual pasó de ejercer 87 millones de pesos en 2022 a más de 142 millones en 2025 (un incremento del 63%). Lo anterior, sumado a contratos de arrendamiento que ascienden a 16 millones de pesos mensuales (192 millones anuales) tan solo para el mantenimiento de 252 unidades de seguridad pública, además de las flotillas de otras dependencias.
La administración acumula un gasto de 10 mil 202 millones de pesos en servicios personales y más de 512 millones en personal eventual, exigiendo indicadores claros de productividad que justifiquen una estructura gubernamental sobredimensionada, refirió Riggs Baeza.
Uno de los puntos más álgidos de la intervención ocurrió al señalar anomalías directas en los datos contenidos en la página 523 del informe municipal referentes al servicio de barrido mecanizado.
Riggs Baeza expuso que, al sumar de manera aritmética los diez registros mensuales presentados en la propia tabla oficial, el acumulado arroja 63 mil 128 kilómetros, cifra que dista notablemente de los 75 mil 500 kilómetros totales presumidos en el documento, detectándose un faltante de más de 12 mil 372 kilómetros que «no cuadran». Asimismo, cuestionó los incrementos súbitos reportados en mayo (8,686 km) y junio (9,671 km) en comparación con el promedio mensual previo (5,596 km), exigiendo la revisión de bitácoras, reportes de supervisión y la validación de dichos datos.
El señalamiento de que la administración municipal de la Ciudad de Chihuahua confunde la presupuestación y la contratación con la resolución efectiva de problemas evidencia una debilidad crónica en los mecanismos de evaluación de impacto. Los informes del gobierno municipal tienden a priorizar el volumen del gasto ejercido por encima de los indicadores tangibles de beneficio ciudadano.
Las discrepancias matemáticas detectadas en rubros tan cotidianos como el barrido mecanizado exhiben fallas elementales en el control de calidad de la información pública. Cuando las propias cifras oficiales carecen de consistencia aritmética, se debilita el principio de parlamento abierto y se socava la confianza institucional exigida a cualquier administración local que ejerce recursos públicos que deberían de traducirse en una mejora tangible de la calidad de vida de sus ciudadanos.
