Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Panamá., a 29 de octubre del 2026.- Durante el 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo exigieron cuentas al Estado mexicano por desacatar sentencias de la Suprema Corte que ordenan proteger sus territorios frente al megaproyecto Barrancas del Cobre.
A miles de kilómetros de las imponentes paredes de piedra y cañones de la Sierra Tarahumara, el grito de dignidad y resistencia de los pueblos originarios resonó este jueves en el plano internacional. Representantes de las comunidades rarámuri de Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo, acompañados por organizaciones de la sociedad civil como Consultoría Técnica Comunitaria y Awé Tibúame, acudieron al 197 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado en Panamá, para evidenciar una dolorosa verdad: en Chihuahua, la justicia mexicana se ha quedado atrapada en el papel.
El eje central de la audiencia fue el conflicto histórico y social desatado por el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre, una imposición que ha vulnerado sistemáticamente el territorio ancestral, el tejido comunitario y los derechos fundamentales de las familias rarámuri que habitan y cuidan históricamente la región.
Durante su intervención ante el organismo internacional, las comunidades y sus asesores legales expusieron un historial alarmante de omisiones institucionales. Sobre la mesa se colocaron las sentencias emitidas a su favor por distintos tribunales del país —incluyendo máximos fallos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, las cuales ordenaban salvaguardar sus tierras y garantizar su derecho a la consulta previa, libre e informada.
Sin embargo, la realidad en las comunidades contrasta de forma radical con los resolutivos judiciales. A pesar de los años transcurridos, instancias de los tres niveles de gobierno del Estado mexicano mantienen un persistente y sistemático incumplimiento de las resoluciones.
Para las familias rarámuri, este desacato no es solo una falta administrativa o un retraso burocrático; representa una agresión directa a su subsistencia. El despojo gradual de su hábitat, la presión de intereses turísticos y comerciales por encima de la vida comunitaria y la simulación institucional han sumido a los pueblos indígenas en un estado de indefensión estructural.
En el espacio de debate procesal dentro de la sesión de la CIDH, la representación del Estado mexicano intentó justificar sus acciones argumentando la conformación de supuestos mecanismos de escucha y consejos consultivos para atender los requerimientos judiciales. No obstante, las partes peticionarias y los comisionados cuestionaron la efectividad real de dichas medidas, señalando que la creación de comités burocráticos suele utilizarse como una cortina de humo para legitimar megaproyectos sin el consentimiento genuino de los legítimos dueños de la tierra.
Ante esto, la CIDH recordó que el proceso avanza hacia la emisión de un informe de fondo que evaluará de manera integral tres rubros fundamentales: los derechos territoriales, la participación y consulta indígena, y la salvaguarda de los derechos ambientales vinculados al desarrollo turístico de las Barrancas del Cobre. Ambas partes cuentan ahora con un plazo improrrogable de 30 días para presentar sus observaciones escritas y atestiguar financiera y jurídicamente el estado de las cosas.
El caso de Bacajipare, Huitosachi y Mogótavo ante la CIDH desnuda la profunda contradicción del modelo de «desarrollo regional» en México. Mientras los gobiernos estatal y federal presumen la atracción turística y la derrama económica de las Barrancas del Cobre en spots publicitarios y ferias internacionales, el costo real lo pagan las comunidades indígenas con el despojo de su agua, la fragmentación de sus bosques y la violación flagrante de sus derechos humanos.
Que los pueblos originarios tengan que viajar hasta Panamá para obligar al Estado mexicano a cumplir sus propias leyes y sentencias supremas es, por sí mismo, una radiografía de la impunidad institucional. Las sentencias de la Suprema Corte no son recomendaciones sujetas a la voluntad política de turno; son mandatos constitucionales.
Si el gobierno realmente aspira a la justicia social, el primer paso no es la simulación de mesas de diálogo estériles, sino la restitución inmediata del territorio ancestral rarámuri y el respeto absoluto a su autodeterminación. De lo contrario, cada postal turística de las Barrancas del Cobre seguirá siendo el recordatorio de una injusticia solapada desde el poder.
