Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua. Chih., a 3 de noviembre del 2026.- La diputada Herminia Gómez Carrasco presentó un recurso de fiscalización ciudadana a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común sobre la ejecución de los programas sociales en 2026 quien pese a contar con una bolsa combinada de 220.4 millones de pesos, la bancada de Morena señala opacidad sobre el padrón real de beneficiarios y el alcance efectivo de las entregas a sectores vulnerables.
En base a lo anterior, la diputada Herminia Gómez Carrasco solicitó ante el Pleno del Congreso del Estado un frente de fiscalización sobre el manejo de los fondos de asistencia social de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al solicitar un informe detallado sobre el destino de más de 220 millones de pesos asignados durante 2026 a la atención de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
A través de un pliego de cuestionamientos dirigido a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, la diputada Herminia Gómez Carrasco advirtió que la mera aprobación presupuestaria en el recinto legislativo no garantiza que los apoyos impacten directamente en la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria, por lo que urgió a Transparentar la operación técnica de dichos fondos.
De acuerdo con las cifras del Programa Operativo Anual (POA) correspondientes al ejercicio fiscal 2026, la partida estatal asignó recursos sustanciales para ambas vertientes:
- Apoyo a Personas Mayores:3 millones de pesos.
- Apoyo a Personas con Discapacidad:1 millones de pesos.
Frente a este monto global de 220.4 millones de pesos, la legisladora exigió a la dependencia estatal transparentar el número exacto de personas atendidas hasta el tercer trimestre del año, la tipología de los beneficios entregados (apoyos económicos o en especie) y los mecanismos de verificación implementados para auditar que las entregas lleguen de manera directa y sin intermediarios a los padrones meta.
Asimismo, la solicitud contempla la entrega de un diagnóstico de cobertura para identificar las necesidades sociales que continúan desatendidas y los ajustes presupuestales proyectados para el ejercicio 2027. Como medida de fondo, Gómez Carrasco planteó la necesidad de abrir parlamentos abiertos con organizaciones civiles, personas cuidadoras y beneficiarios para la planeación del gasto del próximo año.
Desde una lectura analítica, el pronunciamiento de la diputada de Morena coloca sobre la mesa una demanda legítima de fiscalización en un área históricamente vulnerable al uso asistencialista u opaco. La exigencia de transparentar la tasa de cobertura y los padrones de entrega resulta indispensable en un contexto estatal donde la falta de padrones públicos comparables suele impedir la evaluación objetiva del impacto social de los recursos.
Sin embargo, el movimiento también se inserta en la dinámica de confrontación política entre la oposición y la administración estatal. Al centrar el debate en la efectividad del gasto en desarrollo social, Morena traslada la discusión del ámbito de la aprobación presupuestal hacia el del cumplimiento administrativo y la rendición de cuentas, buscando presionar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para que justifique el ejercicio de sus partidas antes de que arranque la discusión del Presupuesto de Egresos 2027.
