Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 5 de noviembre del 2026.- En medio del creciente escándalo por las presuntas irregularidades administrativas en el Instituto Nacional Electoral (INE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscó matizar la responsabilidad de la actual administración del órgano electoral al sostener que la denominada «mafia electoral» no surgió durante la gestión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sino que responde a un esquema de opacidad empresarial instalado desde finales del siglo pasado.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que las desviaciones en las contrataciones de la autoridad electoral deben ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, centró la narrativa oficial en defender que las prácticas delictivas en el ramo forman parte de un problema estructural heredado.
Para sustentar la postura del Ejecutivo, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso una investigación sobre un entramado empresarial encabezado por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, a quienes señaló como los principales beneficiarios de contratos electorales en el país desde 1999.
Según el reporte oficial, el origen de este grupo se remonta a su paso por el Registro Nacional de Población (Renapo) y el Cisen en la década de los 80 y 90, bajo el cobijo del exfuncionario Juan Carlos Padilla Aguilar. A partir de la fundación de la empresa Cartonera Plástica en 1999, la red comenzó a acaparar licitaciones en institutos electorales locales (OPLEs) y en el ámbito federal:
- Historial de señalamientos: En 2005 fueron investigados por presuntos sobornos en un contrato de 63 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
- Expansión regional: Entre 2015 y 2023, obtuvieron contratos con 23 de los 32 OPLEs por un monto de 2 mil 94 millones de pesos.
- Contratación reciente: Entre 2024 y 2025, ya bajo la gestión de Taddei en el INE, la red continuó recibiendo asignaciones en 15 organismos locales por 646 millones de pesos.
Buenrostro detalló que la red abarca al menos seis compañías —entre ellas Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Corporativo ZEG— que operaban bajo la modalidad de empresas fachada y factureras. Las indagatorias del SAT y la UIF revelaron simulación de competencia, uso de prestarrombres (incluidas personas de 96 años y jóvenes de 18), domicilios fiscales compartidos y dispersión de recursos con patrones acordes al lavado de dinero.
Desde una perspectiva analítica, la estrategia discursiva del Ejecutivo federal busca desplazar la atención mediática e institucional del periodo reciente de Guadalupe Taddei hacia la inercia histórica de administraciones pasadas.
Si bien la evidencia aportada por la Secretaría Anticorrupción expone la persistencia de oligopolios y fallas graves en los controles de licitación dentro de las autoridades electorales a lo largo de 25 años, el argumento gubernamental evita profundizar en la continuidad de estos mismos proveedores durante la actual presidencia del INE.
El hecho de que el grupo empresarial haya continuado facturando cientos de millones de pesos entre 2024 y 2025 evidencia que los mecanismos de blindaje y fiscalización del organismo electoral continuaron siendo vulnerables o permisivos, independientemente del origen histórico del esquema. La apelación al pasado, por lo tanto, funciona como una narrativa de contención política ante las exigencias de auditorías externas y congelamiento de cuentas que pesan sobre la estructura actual del INE.
