Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 8 de noviembre del 2026.- Tras recorrer los municipios de Guadalupe y Calvo y Baborigame, la eurodiputada catalana Diana Riba i Giner expuso ante las instituciones mexicanas una verdad incómoda: la violencia en la Sierra Tarahumara no es un daño colateral, sino un engranaje sistemático de economías criminales e industriales que vacía comunidades enteras para saquear sus recursos.
Hay silencios que pesan más que los disparos. En la Sierra Tarahumara, el eco de la violencia ya no solo se mide por los casquillos percutidos en los caminos de terracería, sino por el vacío que dejan las comunidades enteras al huir a pie, con lo puesto, cruzando cañadas donde antes reinaba la vida comunitaria.
Donde hace años existían escuelas unitarias, campos de cultivo maicero y risas infantiles, hoy se extiende un desierto humano. Así lo definió sin rodeos la eurodiputada Diana Riba i Giner (Verdes/ALE), integrante de la delegación de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea, tras concluir su Quinto Viaje de Cooperación y Diálogo en territorio chihuahuense.
El desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara no es una mudanza forzada por las circunstancias; es una amputación social. Acompañada por organizaciones civiles e indígenas, la misión internacional documentó en Guadalupe y Calvo y Baborigame la tragedia cotidiana de quienes deciden abandonar sus hogares para preservar lo único que el crimen les deja: la vida.
«Cuando una familia huye, pierden mucho más que un techo: están perdiendo su trabajo, sus tierras y una comunidad que les sostiene la vida. Y después de escapar de esta violencia, tienen que volver a empezar y, casi todas las veces, lo han de hacer sin recursos”, Refirió Diana Riba i Giner.
El desarraigo implica la ruptura absoluta de los saberes tradicionales, la pérdida de los títulos ancestrales sobre la tierra y la condena a sobrevivir en cinturones de miseria urbana o en el anonimato de los albergues provisionales, sin asistencia psicológica, sin programas de empleo y sin garantías de retorno seguro.
Frente a la narrativa oficial que durante años ha intentado minimizar el desplazamiento interno bajo la etiqueta de «confrontaciones entre particulares» o daños colaterales de pugnas criminales, el diagnóstico de la misión europea pone la lupa sobre el verdadero combustible de la crisis: el despojo territorial con fines económicos.
La ecuación es tan macabra como evidente: las familias son expulsadas a balazos, pero las riquezas naturales de sus territorios no se van con ellas.
| Dimensión del Despojo | Realidad Documentada en la Sierra | Interés Económico / Criminal |
| Control Territorial | Expulsión sistemática de poblaciones indígenas y campesinas. | Dominio de rutas estratégicas y aislamiento de comunidades de resistencia. |
| Explotación Forestal | Tala clandestina e impune amparada por redes de complicidad. | Mercados madereros de alta rentabilidad que abastecen industrias locales y nacionales. |
| Megaproyectos y Minería | Concesiones mineras de oro y plata en zonas de alta tensión. | Enriquecimiento de corporaciones y economías criminales extractivistas. |
«Las familias se van de sus territorios, pero las tierras y sus recursos se quedan. ¿Quién se queda con estas tierras? Las organizaciones que acompañan a todas las víctimas denuncian que estas expulsiones están vinculadas al control del territorio, favoreciendo una economía criminal que incluye, entre otras, la tala ilegal y la extracción de minerales como el oro y la plata”, expresó la eurodiputada.
Lejos de limitarse a la observación testimonial, la delegación encabezada por la eurodiputada estructuró un pliego petitorio de cuatro ejes fundamentales presentado directamente ante instancias de la Secretaría de Gobernación y la Coordinación de Asesores de Presidencia. No se trata de recomendaciones burocráticas, sino de condiciones de sobrevivencia:
- Coordinación interinstitucional real y con plazos: Romper la inercia del «pasa la bolita» entre municipios, el gobierno del estado de Chihuahua y la federación. Se exigen mesas de trabajo permanentes con responsables identificados, calendarios públicos y la participación vinculante de las comunidades afectadas.
- Censo transparente y confiable: Gobernar a ciegas es una forma de complicidad. La misión denunció la opacidad estadística oficial. Sin un padrón riguroso, público y consensuado de personas desplazadas, es imposible diseñar políticas públicas o asignar recursos proporcionales a la tragedia.
- Presupuesto etiquetado y diferenciado: Las víctimas de desplazamiento no caben en las bolsas genéricas de «pobreza» o «vulnerabilidad general». Se demanda una partida específica dentro del presupuesto estatal y federal que garantice vivienda digna, atención médica especializada, educación para la infancia desplazada y programas de salud mental.
- Responsabilidad corporativa internacional: El capital no es neutral. Riba i Giner advirtió que empresas de Canadá, Estados Unidos y Europa operan bajo un doble rasero en Chihuahua, beneficiándose indirectamente de un entorno de despojo y violencia. Desde el Parlamento Europeo se impulsarán marcos regulatorios estrictos para sancionar a corporaciones extranjeras que vulneren los derechos humanos en cadenas de suministro de terceros países.
La crisis en la Sierra Tarahumara interpela de forma directa la conciencia moral de México y del concierto internacional. Permitir que el territorio indígena se convierta en una zona de sacrificio a cambio de oro, plata y madera es aceptar la bancarrota del pacto social.
Las palabras con las que la eurodiputada cerró su gira en Chihuahua resuenan como un recordatorio ético urgente frente a la simulación institucional y la insaciabilidad del mercado:
«Nadie debería perder su casa para que otro se quede con su territorio. Ningún negocio puede valer más que el derecho de una comunidad a vivir en paz.», expresó.
