Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 10 de noviembre del 2026.- Una investigación de The New York Times destapa cómo el exfiscal antisecuestro Guillermo Arturo Zuany Portillo sirvió como enlace secreto para introducir operaciones tácticas de la CIA en territorio chihuahuense desde el 2025, a pesar de estar bajo la mira del FBI por presuntos nexos con el narcotráfico.
El posterior accidente vial de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara derrumbó el andamiaje de opacidad, desatando órdenes de aprehensión, la caída del fiscal general estatal y un áspero cruce de acusaciones que salpica a la cúpula del gobierno estatal encabezado por la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván.
La soberanía nacional y los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad atravesaron por una de sus pruebas más álgidas a raíz de revelaciones periodísticas que exponen la porosidad institucional en las entidades fronterizas de México. De acuerdo con el reportaje de los periodistas Steve Fisher y Jack Nicas para The New York Times, titulado «El hombre que ayudó a la CIA a operar en secreto en México», la Agencia Central de Inteligencia estadounidense estableció una presencia operativa encubierta en el estado de Chihuahua durante más de seis meses, utilizando como puente al entonces fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, Guillermo Arturo Zuany Portillo.
El entramado no solo exhibe la operación de agentes extranjeros al margen de los canales diplomáticos formales y de la política federal de seguridad, sino que desnuda una red de complicidades, presuntos nexos con el crimen organizado y un encubrimiento institucional que colapsó tras un trágico accidente vial en la Sierra Tarahumara.
El núcleo de la investigación periodística detalla que la vinculación entre Zuany Portillo y los servicios de inteligencia de Estados Unidos se tejió bajo condiciones de marcada vulnerabilidad institucional. Meses antes de iniciar los contactos operativos, el gobierno estadounidense le había revocado la visa al funcionario chihuahuense derivado de indicios y reportes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) que lo señalaban por presuntos vínculos con carteles de la droga.
Ante esta situación de presión migratoria y legal, la restitución del documento de ingreso a Estados Unidos funcionó como palanca de negociación. La CIA apostó por utilizar a Zuany como un contacto de confianza en el terreno —prescindiendo de pagos salariales formales a cambio de inmunidades y beneficios de movilidad—, a pesar de que advertencias previas de funcionarios estadounidenses y locales ya alertaban sobre sus antecedentes y su presunta participación encubierta en eventos de extrema violencia, como el homicidio de dos agentes de policía en 2022.
A partir del otoño de 2025, la presencia de la inteligencia estadounidense en Chihuahua dejó de ser meramente informativa para volverse operativa. Según testimonios de funcionarios de ambos países recabados por el Times, Zuany introdujo a un oficial de la CIA ante elementos de la policía estatal bajo el argumento de conformar una nueva unidad de fuerzas especiales.
Durante meses, los agentes extranjeros participaron directamente en:
- Entrenamientos tácticos: Supervisión de ejercicios, análisis de equipamiento y asesoramiento a corporaciones estatales.
- Despliegues en campo: Participación directa en operativos terrestres y redadas contra refugios de la delincuencia organizada, donde se documentó a agentes portando rifles para brindar cobertura perimetral, revisando dispositivos digitales incautados e interrogando a detenidos.
Varias de estas incursiones sufrieron filtraciones y fracasos operativos, alimentando sospechas internas de alertamientos previos a las células criminales. Sin embargo, el castillo de naipes se derrumbó en abril de 2026, cuando una camioneta volcó en un acantilado de la Sierra Tarahumara tras una redada contra un narcolaboratorio. El saldo fatal de cuatro ocupantes —incluidos dos agentes encubiertos de la CIA— sacó a la luz la incursión extranjera.
Lejos de reportar el hecho por los canales oficiales, los mandos locales recurrieron a la red de protección: según expedientes judiciales, Zuany Portillo ordenó desde el lugar de los hechos retirar los cuerpos y asegurarse de que carecieran de insignias o identificaciones oficiales que delataran su adscripción a la agencia estadounidense. Posteriormente, se ejerció presión sobre los elementos policiales para ocultar la verdad ante las instancias investigadoras.
Las revelaciones generaron un terremoto institucional inmediato en el estado:
- Caída en cascada: Tanto Guillermo Zuany como el entonces fiscal general del estado, César Jáuregui, abandonaron sus cargos. Jáuregui fue posteriormente arrestado y acusado de traición por avalar la presencia de la agencia extranjera.
- La clandestinidad y la defensa de Zuany: Actualmente en calidad de prófugo de la justicia —aunque protegido bajo amparos judiciales—, Zuany defendió su actuación ante el medio estadounidense alegando un comportamiento ético y profesional, descalificando los señalamientos como producto de «personas resentidas».
- El fuego cruzado político: En un giro de alta tensión, Zuany aseguró mediante mensajes de texto que la gobernadora Maru Campos tenía pleno conocimiento de las operaciones de la CIA en la entidad. La mandataria estatal rechazó categóricamente la versión mediante un comunicado oficial, tildó de falso el señalamiento y emplazó al exfuncionario a dar la cara y testificar directamente ante un juez.
El caso de Guillermo Zuany Portillo y la infiltración operativa de la CIA en Chihuahua no representa únicamente un episodio de corrupción policial, sino una severa crisis de gobernabilidad y control de la seguridad pública en México. La utilización de funcionarios con expedientes cuestionados a cambio de palancas migratorias, sumada a la opacidad en el manejo de incidentes fatales en la sierra, demuestra que los controles institucionales a nivel estatal continúan siendo vulnerables frente a intereses de inteligencia extranjera, dejando abiertas profundas interrogantes sobre el alcance real de la complicidad política en los más altos niveles del poder local.
