Por: La Redacción.

Chihuahua, Chih., a 11 de noviembre del 2026.- Aprobadas y publicadas en el papel, pero inoperantes en la práctica. Así calificó el senador chihuahuense del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez Robles, el estatus actual de la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas, tras denunciar que el Ejecutivo federal y las autoridades hídricas han omitido emitir los reglamentos indispensables para su aplicación efectiva.

Durante su intervención en la reunión de trabajo de la Comisión de Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hidráulica del Senado de la República, el legislador exigió que el Poder Legislativo asuma su rol de contrapeso y fiscalización, verificando que las reformas aprobadas no queden reducidas a letra muerta por negligencia administrativa.

Vázquez Robles puso el dedo en la llaga al señalar que persiste un incumplimiento grave en las obligaciones marcadas en los artículos transitorios de ambas normativas, entre las que destacan la expedición de la reglamentación secundaria y la armonización de las legislaciones estatales en materia hídrica.

“Aunque han sido aprobadas y publicadas, aún no existe un reglamento que permita su aplicación”, reclamó el senador, advirtiendo que este limbo legal golpea directamente a los productores y usuarios del recurso en todo el país, quienes desconocen bajo qué reglas operarán sus concesiones y aprovechamientos.

Asimismo, el legislador recordó que durante la discusión parlamentaria, la bancada de Acción Nacional advirtió sobre los riesgos contenidos en las disposiciones relativas al binomio tierra-agua y la transferencia de derechos, rubros que hoy, ante la ausencia de reglas claras de operación, acentúan la vulnerabilidad patrimonial y productiva del sector agropecuario.

Al trasladar la problemática al plano regional, Mario Vázquez subrayó que para entidades con condiciones semidesérticas y de alta estrés hídrico como Chihuahua, la indefinición jurídica no es un mero trámite burocrático, sino una amenaza directa a la viabilidad económica de los sectores productivos y al abastecimiento de la población.

Ante este escenario, planteó formalmente que la Comisión de Recursos Hidráulicos incorpore el seguimiento reglamentario dentro de su plan de trabajo ordinario, y emita un exhorto enérgico dirigido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a las dependencias federales involucradas para que rindan cuentas, realicen los ajustes normativos pendientes e informen sobre el grado de avance en la armonización de las leyes locales.

El reclamo del senador panista exhibe una práctica recurrente en el andamiaje institucional mexicano: la aprobación acelerada de reformas estructurales que posteriormente quedan paralizadas por la lentitud o falta de voluntad técnica de las dependencias encargadas de reglamentarlas. Mientras Conagua y el aparato federal no subsanen estas omisiones, la gobernanza del agua seguirá operando bajo la discrecionalidad y la incertidumbre jurídica, dejando al campo mexicano en estado de indefensión frente a las crisis de sequía.