La oposición tumbó la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. El proyecto fue desechado al no contar con la mayoría calificada de dos tercios para modificar la Constitución. Tras semanas de debate, la falta de consensos era patente y el presidente trabajó desde noviembre pasado en un “plan B”, un paquete de leyes secundarias que solo necesitaba de una mayoría simple para ser aprobado y que supone un tijeretazo a la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta del Ejecutivo quita atribuciones al árbitro electoral y suaviza las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos. Estas son las claves de los cambios que se aprobaron en la madrugada de este miércoles.
Aprobación en fast track
La iniciativa alternativa del presidente llegó al pleno de la Cámara baja por la vía rápida o, como se conoce en la juerga legislativa, se aprobó por fast track. En México existe un mecanismo para asuntos de “urgente” u “obvia resolución” que permiten agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tengan que pasar por la Mesa Directiva ni dictaminarse en las comisiones que normalmente analizarían estos temas. En este caso, Morena y sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría legislativa para desahogar el asunto apenas horas después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregara a los diputados el llamado “plan B”. Esto provocó quejas en la oposición, después de que varios legisladores se quejaran de que no habían podido analizar a fondo la propuesta, pero sobre todo porque la aprobación rápida generalmente inhibe la discusión y los puntos planteados por grupos parlamentarios minoritarios.
Recortes en el INE
Desde la llegada de López Obrador al poder en diciembre de 2018, Morena ha sostenido que el INE es oneroso y que la democracia es innecesariamente cara en México. Esto ha provocado roces entre el Gobierno y el órgano autónomo, a la luz de reducciones presupuestales y acusaciones de que existe una “burocracia dorada” en el árbitro electoral. La autoridad electoral defiende que es prioritario tener una democracia de calidad en vez de una democracia barata.
El “plan B” obliga a una retabulación de salarios para que ningún consejero gane más que el salario del presidente de la República. Elimina seguros de gastos médicos mayores e insta a que todos los trabajadores sean considerados en el régimen de confianza e inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También orilla al INE a liquidar fideicomisos que le permitían retener recursos públicos previstos para sus trabajadores.
La estructura del INE y del Tribunal Electoral también se compacta. Desaparece la secretaria ejecutiva y el servicio profesional de carrera. Se fusionan o eliminan diversas direcciones, áreas y unidades técnicas. Se planteó también que sus órganos distritales pasen de 300 a 260 en todo el país y que tengan carácter temporal y no permanente. Morena defiende que el paquete para imponer la austeridad en el organismo representa un ahorro de al menos 3.500 millones de pesos. A pesar de que la reforma constitucional tenía apoyo mayoritario entre la ciudadanía, un 68% de las personas consultadas afirmaba que es más importante para el país mejorar la calidad de la democracia que reducir el costo de las elecciones
