Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 7 de mayo del 2026.- En un movimiento sin precedentes que escala la polarización política de México hacia el terreno de la seguridad nacional estadounidense, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha solicitado formalmente que el gobierno de los Estados Unidos clasifique al partido oficialista Morena como una organización terrorista. La petición, fundamentada en la Ley Patriota (Patriot Act), busca no solo el colapso político del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, sino la intervención directa de los departamentos de Justicia y del Tesoro de EE.UU.
Desde la tribuna del Senado, Moreno —conocido popularmente como «Alito»— presentó una solicitud paralela ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para la cancelación del registro de Morena. El argumento central de la dirigencia priista es que la organización en el poder ha dejado de operar como una entidad política para convertirse en un «brazo político del crimen organizado».
Esta ofensiva surge a raíz de las recientes imputaciones del Departamento de Justicia estadounidense contra figuras clave del morenismo en Sinaloa, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza. Para el PRI, estas acusaciones son la prueba fehaciente de que el Estado mexicano ha construido una «estructura criminal» que justifica la extradición de sus funcionarios y el desconocimiento internacional de la fuerza política mayoritaria.
Al invocar la Ley Patriota, Moreno busca activar mecanismos de sanción que congelarían activos y criminalizarían cualquier trato con miembros de Morena en territorio estadounidense. «Morena no es un partido, es un cártel», sentenció Moreno, anunciando una gira internacional para denunciar lo que califica como la entrega de la soberanía y la paz de las familias mexicanas a las estructuras del narcotráfico.
Analistas sugieren que esta estrategia refleja la desesperación de una oposición que ha perdido terreno electoral y ahora busca en la presión externa —específicamente en la administración de Donald Trump y su retórica antidrogas— una vía para nivelar el tablero político.
La petición de declarar a Morena como asociación terrorista coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum en una posición delicada. Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores intenta contener los daños mediante notas diplomáticas pidiendo pruebas, el PRI apuesta por la «extradición» como la palabra clave de su campaña.
Este choque no solo define el futuro del registro partidista ante el INE, sino que pone a prueba la resistencia de las instituciones mexicanas frente a una narrativa que, de prosperar en Washington, cambiaría para siempre la naturaleza de la relación bilateral México-Estados Unidos.
