Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 7 de mayo del 2026.- En el epicentro de una crisis de soberanía que amenaza con reconfigurar la relación entre los estados y la Federación, la mayoría panista en el Congreso de Chihuahua cerró filas para bloquear una investigación exhaustiva sobre las operaciones de inteligencia extranjera en la entidad.
La negativa legislativa surge en un momento crítico: mientras se exigen cuentas por la muerte de supuestos agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara, la gobernadora María Eugenia Campos Galván optó por una agenda internacional en Aguascalientes, estrechando lazos con la figura más visible de la derecha española, Isabel Díaz Ayuso.
La diputada morenista Brenda Ríos Prieto, actuando como punta de lanza del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un pliego de exigencias que toca las fibras más sensibles de la seguridad nacional. El exhorto, rechazado por 14 votos del bloque oficialista, buscaba transparentar los convenios, memorándums y recursos públicos destinados a esquemas de cooperación con agencias de Estados Unidos.
“Chihuahua no es una estrella más de otra bandera”, sentenció Ríos Prieto desde la tribuna, en una frase que resume la creciente ansiedad política por lo que la oposición califica como una «cesión de soberanía» orquestada desde el Palacio de Gobierno y replicada por el alcalde de la capital, Marco Bonilla Mendoza.
El contraste de agendas no pasó desapercibido para los analistas. Mientras el Senado de la República y el Congreso local esperan una comparecencia de la mandataria para explicar el «CIA Gate», Campos Galván se dejó ver con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Para Morena, este encuentro no es casualidad, sino un alineamiento ideológico con sectores de la ultraderecha europea que mantienen discursos revisionistas y coloniales hacia América Latina.
Bajo la óptica crítica, esta «diplomacia paralela» de la gobernadora parece ser un intento de construir una red de apoyo externo ante el asedio jurídico de la Fiscalía General de la República (FGR), que ya investiga la legalidad de la presencia de agentes extranjeros en operativos locales.
La exigencia de informes detallados sobre los resultados reales del operativo en la Sierra pone en duda la narrativa de éxito del gobierno estatal. Morena cuestiona no solo el fundamento jurídico de la participación extranjera, sino también el ocultamiento de información bajo el argumento de seguridad nacional.
Con el rechazo del PAN a este punto de acuerdo, el gobierno de Chihuahua opta por el atrincheramiento. Al evitar el escrutinio sobre quién autorizó la entrada de personal estadounidense y bajo qué presupuesto operan, la administración estatal deja abierta la puerta a una confrontación directa con la Ley de Seguridad Nacional, un callejón cuya salida política parece cada vez más estrecha para la mandataria chihuahuense.
