Por: Estela Malka Ben-Amí.
Jerusalén., a 6 de abril del 2026.- El silencio que rodeaba a la horca en Israel, guardado bajo llave desde la ejecución del nazi Adolf Eichmann en 1962, ha sido roto. En un movimiento que muchos califican como el «punto de no retorno», la Knéset israelí ha dado luz verde a un proyecto de ley que no solo resucita la pena capital, sino que parece haber sido redactado con una dedicatoria implícita: la población palestina de Cisjordania.
La crónica de esta nueva ley comienza en los pasillos del poder israelí, impulsada por el ala más radical del gabinete de Seguridad Nacional. Bajo este nuevo régimen, la muerte ya no requiere de un consenso unánime. Ahora, bastará una mayoría simple en los tribunales militares para que un juez firme una sentencia de ejecución.
Este hecho ha causado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel mundial que encabezadas por Amnistía Internacional han alzado la voz para exigir a la Unión Europea tome medidas urgentes por tratarse de ser un acto inhumano e incompatible con la dignidad humana en todas las circunstancias.
La nueva ley israelí vulnera salvaguardias fundamentales reconocidas por la comunidad internacional para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte. Su naturaleza discriminatoria y la ausencia de garantías procesales violan el derecho a la vida y las protecciones consagradas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos como el IV Convenio de Ginebra, el Reglamento de La Haya, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura.
Hasta ahora, las gestiones diplomáticas de la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros para instar a Israel a dar marcha atrás han sido ineficaces. Este lamentable hecho se produce en medio de la catástrofe humanitaria de origen humano que se está desarrollando en Gaza y que una Comisión de Investigación de la ONU, múltiples organizaciones palestinas, israelíes e internacionales, y expertos y expertas independientes han calificado de genocidio, y sobre un telón de fondo de aceleración de la anexión de facto de Cisjordania, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024.
La adopción de la ley de pena de muerte es, por tanto, parte de un patrón de políticas y prácticas discriminatorias contra la población palestina que, en la misma opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia declaró que violaba el artículo 3 de la Convención contra el Racismo, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.
El reloj corre rápido bajo la nueva normativa: una vez dictada, la sentencia debe cumplirse en un máximo de 90 días. Sin indultos, sin conmutaciones, sin segundas oportunidades. Pero el diablo está en los detalles: mientras que los palestinos condenados por «homicidio intencional» (clasificado automáticamente como terrorismo) enfrentarán el cadalso, los colonos israelíes que cometan actos similares en el mismo territorio están, por ley, expresamente excluidos de esta disposición.
La ley introduce un protocolo que evoca los tiempos más oscuros: ejecuciones mediante la horca bajo un manto de secretismo absoluto. El acceso a asesoramiento jurídico se vuelve un laberinto y la supervisión externa, casi inexistente. Para la comunidad internacional, no se trata solo de un retroceso humanitario, sino de la institucionalización de una justicia diferenciada por el origen étnico.
Desde Bruselas, la Unión Europea observa con horror. Más de 30 organizaciones, desde Amnistía Internacional hasta Oxfam, han firmado un manifiesto que es, en realidad, un grito de auxilio. Denuncian que Israel ha cruzado todas las «líneas rojas»: desde la prohibición de la UNRWA hasta la demolición de infraestructura financiada con euros europeos.
«Es incompatible con la dignidad humana», reza la declaración conjunta. La presión ahora se traslada a los despachos de la diplomacia, donde se exige suspender los acuerdos comerciales con Israel. El argumento es contundente: no se puede mantener un «Acuerdo de Asociación» basado en principios democráticos cuando uno de los socios activa una maquinaria de muerte que la Corte Internacional de Justicia ya vincula con patrones de segregación racial.
Mientras la guerra en Gaza sigue cobrando vidas, esta nueva ley de pena de muerte se suma como una capa más de cemento en un muro de odio que parece imposible de derribar. En Cisjordania, la noticia no se recibe como un acto de justicia, sino como la confirmación de un sistema que, según los expertos de la ONU, se inclina peligrosamente hacia el apartheid judicial.
«Lo que la Knéset ha blindado no es solo una pena capital, sino un sistema de justicia dual que fractura el derecho internacional en el corazón de Cisjordania. Mientras los tribunales militares en territorio palestino reciben ahora el permiso oficial para levantar la horca, el ‘truco’ legal queda al descubierto: esta ley ignora deliberadamente a los colonos israelíes que viven en el mismo suelo, quienes seguirán protegidos por las leyes civiles de Israel.
Así, la soga se reserva exclusivamente para los palestinos, enviando un mensaje de control absoluto que busca quebrar cualquier resistencia mediante un régimen de ejecución que distingue entre ciudadanos y ocupados.»
