Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 19 de septiembre del 2026.- En un hecho calificado como un avance relevante para la protección de la infancia, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad —con 30 votos— la iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, la cual modifica la Ley del Agua estatal para convertir en una obligación legal el suministro de agua potable en los planteles educativos.
La reforma, originada tras la propuesta presentada el pasado 16 de abril por la legisladora, busca poner fin a las constantes problemáticas de desabastecimiento e intermitencia que enfrentan diversas instituciones escolares en la entidad, una carencia que históricamente ha vulnerado la salud, la higiene y la dignidad de la comunidad estudiantil.
La modificación aprobada adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, estableciendo formalmente que los organismos operadores de agua tendrán la responsabilidad de asegurar el suministro en las escuelas y hogares cuando su ausencia limite o impida los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Durante su intervención, Portillo subrayó que el acceso al líquido vital no puede continuar bajo la lógica de un servicio administrativo sujeto a la suerte o a la ubicación geográfica de los planteles.
“Que una niña o un niño tenga agua para beber, lavarse las manos o utilizar dignamente un sanitario mientras está en la escuela no puede depender de la suerte, de dónde viva o de si alguien decide atender el problema. Son condiciones mínimas de dignidad y hoy dimos un paso histórico”, expresó la diputada.
El impulso de esta reforma no surge de manera aislada. La legisladora ha documentado y respaldado previamente litigios estratégicos y demandas de familias que se han visto obligadas a recurrir a los tribunales para exigir el derecho al agua ante la omisión de las autoridades encargadas de su distribución.
Si bien la modificación al marco legal representa un hito normativo indispensable para blindar los derechos de la niñez chihuahuense, la efectividad real de la medida dependerá ineludiblemente de la capacidad técnica, financiera y operativa de los organismos operadores y de los gobiernos municipales y estatales para superar las crisis hídricas estructurales que afectan a diversas regiones de la entidad.
Con esta reforma, el Congreso local establece un mandato de cumplimiento obligatorio que trasciende la retórica institucional, situando el reto en la asignación eficiente de recursos para garantizar que ninguna escuela del estado vuelva a operar sin las condiciones mínimas de salubridad y dignidad para sus estudiantes.
