Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 18 de septiembre del 2026.- Con el propósito de mitigar las distracciones digitales y favorecer la concentración en las aulas, las 32 entidades federativas del país formalizaron un acuerdo nacional para regular el uso de teléfonos móviles en los planteles escolares de educación básica y media superior.
Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, se establecieron las directrices que comenzarán a regir en las escuelas del país a partir del próximo mes.
Por parte de la administración estatal, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado —en representación del titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila—, ratificó la adhesión del estado a esta normativa.
De acuerdo con lo estipulado, la aplicación de los lineamientos presentará matices según el nivel de formación:
- Educación Básica (Primaria y Secundaria): La restricción del uso de dispositivos móviles será total durante toda la jornada escolar.
- Nivel Medio Superior: Cada plantel contará con autonomía para definir sus propias reglas mediante un proceso de consenso con su comunidad educativa.
- Educación Superior: Las instituciones conservarán plena autonomía para determinar sus normativas internas respecto al manejo de tecnología.
El acuerdo contempla un proceso escalonado para su entrada en vigor y armonización jurídica. A partir del día posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se abrirá un plazo de 30 días hábiles para la realización de asambleas informativas dirigidas a madres, padres, tutores y docentes. Estos espacios buscan socializar los lineamientos y definir las dinámicas operativas de cada escuela.
Asimismo, las autoridades educativas estatales dispondrán de un periodo de 180 días naturales para emitir o adecuar los instrumentos jurídicos que permitan armonizar la disposición tanto en escuelas públicas como privadas.
Si bien la medida responde a una demanda recurrente de docentes y especialistas preocupados por el impacto del uso excesivo de pantallas en el rendimiento académico, la salud mental y la socialización infantil, especialistas en políticas educativas señalan que el verdadero reto no radica en la restricción normativa, sino en su implementación operativa.
Garantizar el cumplimiento sin saturar al personal docente con labores de vigilancia, establecer canales de comunicación seguros entre padres e hijos ante emergencias, y dotar de alternativas pedagógicas y recreativas reales a los planteles son los pendientes estructurales que determinarán si esta disposición se traduce en una mejora educativa efectiva o en un desafío administrativo de difícil control en las escuelas del estado.
