Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de mayo del 2026.- “¿Por qué estamos aquí?— le preguntaron a una niña de 12 años, —Por la guerra— respondió ella”. Esa breve sentencia es el resumen de una tragedia que el Estado mexicano se empeña en ocultar.
Mientras los discursos oficiales hablan de «estabilidad», cientos de familias de la Sierra Tarahumara han sido despojadas de su identidad, su tierra y su paz, víctimas de un desplazamiento forzado interno (DFI) que, según organizaciones civiles, se ha triplicado en los últimos años.
La Misión Civil de Observación (MCO) —integrada por organismos nacionales e internacionales— documentó en su reciente informe que el DFI en Chihuahua que el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara no es un fenómeno nuevo, pero sí uno que ha alcanzado niveles alarmantes. Se estima que, si en 2021 hubo 500 personas desplazadas, para 2025 la cifra superó las 1,500 víctimas.
Sin embargo, el daño va mucho más allá de las estadísticas. Para las 200 víctimas entrevistadas por la Misión en Hidalgo del Parral, Delicias y Chihuahua, el desplazamiento no es solo una mudanza forzada; es una «muerte en vida».
Las familias no solo pierden sus bienes materiales, sino también la conexión con sus ceremonias, tradiciones y el apego sagrado a la tierra y al bosque. Otra de las víctimas son los niños y adolescentes quienes han cambiado sus juegos en la libertad del territorio por miedos y preocupaciones que no les corresponden, enfrentándose además a la precariedad de las ciudades, donde el idioma y la falta de oportunidades los condenan a la exclusión.
La investigación revela que el desplazamiento es provocado por el control territorial de grupos criminales, el reclutamiento forzado y el interés por megaproyectos en zonas ricas en recursos naturales. A este fuego cruzado se suma la indiferencia institucional.
Las organizaciones participantes en la Misión Civil de Observación denuncian que existe un «quiebre político» entre los gobiernos estatal y federal. Es decir entre el Gobierno de la panista María Eugenia Campos Galván y la administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo ha dado lugar a la descordinación por “cuestiones políticas”, pues en lugar de coordinarse para proteger a los ciudadanos, las autoridades se han dedicado a evadir responsabilidades, negando mediáticamente la existencia del problema para evitar la carga presupuestal que implica la atención a las víctimas.
Uno de los hallazgos más desgarradores es la actitud de las instituciones ante quienes logran pedir ayuda. Lejos de ser un refugio, el sistema gubernamental suele ser «revictimizante, discriminatorio y violento».
El informe destaca casos críticos, como el retorno forzado a la comunidad de Atascaderos, el cual, lejos de traer paz, resultó en la desaparición de una persona y el homicidio de otra. A pesar de que existen más de 60 carpetas de investigación y sentencias judiciales a favor de las familias, la voluntad política para hacerlas cumplir brilla por su ausencia.
Las familias desplazadas, provenientes mayoritariamente del municipio de Guadalupe y Calvo, no han bajado los brazos. A pesar del peligro y del abandono, exigen verdad, justicia y garantías de no repetición.
La Misión Civil de Observación ha propuesto una ruta urgente para frenar este desastre humanitario:
- Mesa Interinstitucional mensual: Un espacio con presencia real de las familias afectadas y sus acompañantes.
- Atención permanente: Superar el límite de seis meses que impone el Protocolo actual para garantizar soluciones duraderas.
- Prevención con enfoque diferenciado: Que las políticas públicas reconozcan la realidad indígena y comunitaria de las víctimas.
Chihuahua enfrenta hoy una crisis que ya no puede esconderse bajo el tapete de la omisión. Como bien lo resume la voz de una niña de 12 años, la guerra ha llegado a los hogares de la sierra, y el silencio de las autoridades es, en sí mismo, otra forma de violencia.
