Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 4 de abril del 2025.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el juicio de protección a los derechos político – electorales de la ciudadanía número SUP.JDC. 1715/25 y sus acumulados, promovidos por mujeres abogadas aspirantes a cargos de magistradas del Poder Judicial.
Somos creyentes del estado de derecho y por tanto de la justicia, ello, sumado a nuestra preparación y experiencia, nos llevó con entusiasmo a participar en la primera Convocatoria para la selección de personas juzgadoras en el Estado, que emana de la paradigmática reforma judicial.
Cumplimos y acreditamos cada requisito y etapa hasta que la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Congreso del Estado, realizaron una indebida interpretación de la Constitución, que nos excluyó de manera discriminatoria del listado de contendientes y violentó nuestros derechos políticos y ciudadanos, así como los de 94 mujeres y hombres que aspiramos a ocupar una magistratura en el Tribunal de Justicia, ante lo cual, 48 personas quedaríamos definitivamente fuera de las boletas por haber sido seleccionadas como mejores perfiles solo por el Comité del Poder Legislativo.
En ese sentido, acudimos a las instancias electorales locales y al no obtener resultados favorables, llegamos en la búsqueda de justicia ante la Sala Superior donde se analizaron de fondo nuestros asuntos evidenciando entre otros agravios, la falta de debido proceso establecido en el artículo 101, fracción IV de la Constitución del Estado y la obligación de las autoridades de acatar sin discrecionalidad la ley; se resuelve para efectos de que ante la premura y la omisión evidente de cumplir con el procedimiento, la Presidenta del Congreso remita en un máximo de 6 horas a la Presidenta del IEE el listado completo de las 94 personas aspirantes, quien a su vez tendrá 6 horas para modificar e incluirnos en su informe y remitirlo al Consejo que preside donde en un plazo de 12 horas deberán aprobarlo y enviarlo para su publicación e impresión de boletas donde estemos incluidas nosotras y todas las personas excluidas indebidamente, debiendo informar públicamente a las y los Chihuahuenses el listado completo de personas candidatas.
También esta sentencia es un precedente del reconocimiento del derecho de toda la ciudadanía a participar democráticamente en las elecciones y decidir libremente a las personas que consideren idóneas para ocupar estos cargos de máxima trascendencia.
El equipo de abogadas integrado por Gabriela Soraya Márquez Blanco, Perla Guadalupe Ruíz González, Rocío Iveth González Lara (ellas aspirantes a magistratura penal), Érika Mireya Mendoza García (aspirante a magistratura familiar), iniciamos este recorrido apoyadas de la experiencia en materia electoral de María Alejandra Ramos Durán(aspirante a magistratura penal), y mediante litigio estratégico, planteamos argumentos de ilegalidad y Violencia Política por Razón de Género , y hemos sido escuchadas; reconocemos y agradecemos a otros compañeros que promovieron sus correspondientes juicios.
Nos encontramos en una situación desigual del resto de las y los candidatos que ya están dándose a conocer públicamente, por lo que confiamos que a la brevedad nos notifique el Instituto Estatal Electoral que somos formalmente candidatas, se nos proporcione capacitación debida, y a partir de ello iniciar cada una en lo personal las campañas.
Tenemos vocación por el derecho y la justicia, buscamos imparcialidad e independencia del Poder Judicial del Estado y trato digno a todas las personas participantes en esta contienda.
