Diez acusados, nueve meses de proceso, 35 millones de euros y un tribunal especial en la antigua sede de la OTAN para la mayor matanza de la historia del país.
Este lunes comienza en Bélgica uno de los procesos judiciales más importantes de su historia. De un lado, 10 acusados por los atentados del 22 de marzo de 2016 que dejaron 32 muertos y 340 heridos en las explosiones del metro de Bruselas y el aeropuerto nacional de Zaventem. Del otro, 36 miembros del jurado, 12 titulares y 24 suplentes. Y en medio, magistrados, fiscales y decenas de abogados, defensores y representantes de los cientos de víctimas que se han personado como parte en un proceso para el que se ha reservado casi un año, 35 millones de euros y unas instalaciones gigantes en Haren, en la antigua sede de la OTAN.
En la memoria belga está fresco el juicio al gángster Marcel Habran, la macrocondena en 2015 a 45 yihadistas salafistas de la organización Sharia4Belgium, la masacre en el Museo Judío de la capital y, aunque han pasado 18 años, el caso Dutroux, cuyas heridas no han cerrado. Pero no hay precedentes de algo como lo que se verá a partir de hoy. Las comparaciones en las tertulias y el ámbito político estos días no son con el pasado propio, sino con el espejo francés. El proceso V13 por los atentados del 13 de noviembre en París concluyó este verano y es la referencia. Allí el jurado era de magistrados, pues su legislación prohíbe desde los años 80 que ciudadanos sin experiencia se encarguen de casos de terrorismo, pero la dinámica será similar.
La presión es altísima. Bélgica tiene un sistema legal del que presume, orgulloso de su garantismo, pero el malestar en la ciudadanía es alto desde hace dos décadas. Piensan que es demasiado laxo, permisivo y plagado de escandalosos errores o corruptelas, como se vio en los casos de pederastia.
El proceso debía haber comenzado antes, pero se retrasó semanas porque fue necesario adaptar, a última hora, las instalaciones. Se había construido una estructura con 10 cubículos transparentes, uno por acusado, pero sus letrados denunciaron que eso violaba sus derechos, al hacerlos parecer animales enjaulados y, además, culpables. La corte les dio la razón (irritando a las asociaciones de víctimas) teniendo en cuenta además que dos están en libertad provisional, y se ha sustituido por una estructura única, donde estarán juntos.
El proceso legal, en general, tiende a ser muy largo, lleno de pausas, recursos, con una obsesión por los detalles formales. Pero al mismo tiempo los ojos del país, y del mundo entero, están pendientes de lo que ocurra en Haren, y hay consignas para evitar la autoflagelación, pero también situaciones que lleven a burlas o tirones de orejas. Bélgica es dada a escenas de surrealismo puro, a errores inexplicables y situaciones rocambolescas. Como que cinco personas que forman parte de la acusación popular (se han presentado cerca de 1.000 víctimas de una u otra forma) fueran convocadas, por el error de un trabajador, para ser parte de los candidatos a jurados.
SALAH ABDESLAM, ENTRE LOS ACUSADOS
Entre los acusados destacan dos nombres. El primero, Salah Abdeslam, el único superviviente de los atentados de París, por los que fue condenado en junio a cadena perpetua. El segundo, Mohamed Abrini, conocido como El hombre del sombrero, por la imagen que circuló de él tras las explosiones en Zaventem, y que está acusado de ser el tercer autor material en esa ubicación. De los 10 que se sientan en el banquillo, seis fueron declarados culpables por la Justicia francesa. Oussama Atar, considerado el jefe de la célula responsable de las dos matanzas, se cree que fue abatido en 2017 por un dron norteamericano en Siria, donde combatía con el Estado Islámico, y es juzgado en ausencia a pesar de todo. Osama Krayem sobrevivió porque en el último momento no se atrevió a detonar su bomba. Algunos son sospechosos de haber contribuido a la logística (Sofien Ayari), de haber participado en la obtención de armas (Ali el Haddad) o su desaparición (Bilal el Makhoukhi) o de proporcionar alojamiento y asistencia a los kamizakes (Smail e Ibrahim Farisi y Hervé Bayingana).
El 13 de octubre arrancó oficialmente todo, y el pasado miércoles se constituyó el jurado, bajo la atenta mirada de la responsable del Tribunal, Laurence Massart. Siete mujeres y cinco hombres escogidos por sorteo. Hubo una preselección de mil nombres y tras descartar a los que pidieron ser eximidos y los recusados por todas las partes, se extrajo de una urna, al azar, 36 nombres. Las únicas condiciones (además de que sólo puede haber ocho del mismo sexo) es que estuvieran en el censo electoral, tuvieran entre 28 y 65 años, hablen francés bien y nunca hayan sido condenados a una pena de prisión de más de cuatro meses.
La presidenta del Tribunal aseguró la semana pasada que hará lo posible para que el juicio trastoque lo menos posible la vida de todos ellos durante los próximos seis o nueve meses. Hay inquietud entre las partes porque aunque en teoría 36 jurados deberían ser suficientes, el Covid, la gripe y la presión psicológica pueden hacer mella. Si se pierden una sola sesión quedan descartados. Y aunque habrá compensación económica, para ellos y los empleadores, y les prometió que se irán pronto a casa cada día, como si fuera una jornada normal, no hay nada corriente en este caso.
UN PROCESO DE EXPIACIÓN
En los 470 folios de la Fiscalía no hay una petición expresa de pena, pero los acusados de delitos más graves se enfrentan también a cadenas perpetuas. Los interrogatorios empezarán en un par de semanas, después de que se resuelvan las cuestiones formales. En Francia acudieron a declarar el ex presidente François Hollande y alguno de sus ministros. Y el proceso legal V13 se convirtió en un proceso también de expiación, de sanación, para víctimas y ciudadanos en general. Se crearon vínculos únicos, hubo testimonios que han quedado para la historia, historias de épica y valor, lágrimas. Todo quedó grabado (en Bélgica no será así) y hubo cronistas, como el escritor Emmanuel Carrère, que convirtieron el día a día en narrativa viva. En Bélgica no se espera algo así. Al revés. El Belgium Bashing, la autoflagelación, lleva meses sobrevolando, sobre todo por el retraso por las cabinas de los acusados, por la agresividad de sus abogados defensores, o por el papel muy secundario de las víctimas hasta la fecha.
Muchos rezan para que no sea un desastre y para que el proceso no deje al aire las costuras de un sistema que se demostró mal preparado para hacer frente a la amenaza que pesaba sobre el país. A día de hoy se ha difuminado la amenaza terrorista, pero hace apenas dos semanas un policía fue degollado por un trastornado que estaba en la lista de vigilancia por radicalizarse en prisión. Los órganos de alerta tienen en vigilancia aún a 700 personas, de las que 624 son yihadistas.
Hay bastante en juego en este juicio porque las dudas son infinitas, los reproches a los servicios de inteligencia constantes y está la sensación de que nadie hizo nada cuando lo peor se veía venir. La esperanza es encontrar una respuesta para una pregunta casi imposible: por qué ciudadanos belgas nacidos y criados en las calles del país mataron a 32 compatriotas. Rezan para que el proceso contribuya a una catarsis colectiva, cerrar y pasar página. Pero con los antecedentes, el riesgo de que las respuestas sean demoledoras, para la reputación, la confianza y la estima de los belgas es muy alto.