Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 2 de septiembre del 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y su acumulada 133/2025 respecto a la reforma de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua. Ante las distintas interpretaciones públicas sobre el fallo, la diputada Leticia Ortega Máynez explicó que los alcances de la determinación judicial, la cual ratifica que el uso y enseñanza del lenguaje inclusivo no pueden ser prohibidos ni desincentivados en el sistema educativo obligatorio de la entidad.
Si bien el máximo tribunal validó el artículo 8, fracción XXVIII, de la ley local, fijó una interpretación estricta que impide su uso como herramienta de censura o restricción pedagógica.
La SCJN determinó que enseñar lenguaje inclusivo y no sexista responde directamente al mandato constitucional de impartir educación con perspectiva de género, alineándose con las obligaciones internacionales del Estado mexicano para erradicar la desigualdad.
La diputada Ortega Máynez subrayó que el criterio judicial protege los derechos de las infancias y juventudes a una formación igualitaria, sentando un precedente que frena cualquier intento de limitar el debate sobre la equidad de género en las escuelas del estado.
Este fallo pone de relieve las tensiones políticas y legislativas que históricamente han atravesado a Chihuahua en materia de derechos humanos y contenidos educativos. La intención de frenar o regular de forma restrictiva conceptos relacionados con la diversidad y la inclusión lingüística revela una resistencia institucional y conservadora frente a los cambios sociales que buscan visibilizar a sectores históricamente excluidos.
Desde un enfoque con sentido humano, la decisión de la Corte trasciende una disputa jurídica de artículos y fracciones; representa una defensa fundamental del aula como un espacio seguro donde el respeto, la equidad y la no discriminación deben prevalecer por encima de agendas ideológicas restrictivas. Con esta resolución, el lenguaje deja de ser un motivo de sanción administrativa o política para consolidarse como una herramienta pedagógica indispensable en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
