«El gobierno y la Fiscalía de Justicia de Querétaro (FJQ) ocultan y niegan que hay fosas y entierros clandestinos en la entidad», denunciaron las integrantes de la organización Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos, al término de la primer jornada de actividades en la entidad queretana.
Tras realizar una manifestación pacífica por la ciudad de Querétaro, Yadira González, representante en la entidad del colectivo, señaló al gobierno del panista Mauricio Kuri actuar con «desdén y desinterés» para atender y resolver los casos de desapareción forzada.
En conferencia de prensa en la vía pública, Yadira tras puntualizar que «en Querétaro sí hay fosas y entierros clandestinos del crimen organizado», dio a conocer varios ejemplos de cómo el gobierno estatal y la fiscalía han intentado ocultarlos a la opinión pública y a los medios de comunicación
Sin dar nombres de las víctimas, relató que hace un par de meses, los padres de un muchacho originario de San Juan del Río, que había desaparecido siete meses antes bajo circunstancias aún no esclarecidas, realizaron su búsqueda. Al final lo hallaron en un entierro clandestino, lo cual notificaron a la FGJ. Pero los agentes ministeriales para no reconocer que era una tumba clandestina que ya tenía varios meses, intentaron culpar a uno de los familiares que lo encontró y por medio de tortura intentaron culparlo del asesinato.
El 29 de marzo de 2021, con apoyo de la Fiscalía General de la República un grupo de buscadores y buscadoras encontraron restos humanos óseos en Barranca de los Zúñiga, municipio de San Juan del Río.
Pertenecían a tres hombres desconocidos. Una de las osamentas estaba calcinada. Cerca de allí había tres vehículos abandonados.
Para evitar reconocer que se trataba de una fosa, el gobierno de Querétaro informó que no había seguridad y que hacía falta realizar pruebas genéticas para determinar sí eran huesos de humanos o de animales.
El gobierno mantuvo la misma postura cuando al día siguiente, en esa misma barranca, el grupo de buscadores encontró costillas y un fémur.
Otro caso que ocultó el gobierno de Querétaro a los medios de comunicación fue el hallazgo del entierro clandestino en una vivienda de San José El Alto de una adolecente reportada como desaparecida.
Yadira González, del Colectivo de Búsqueda, aseguró que pese a que la entidad cuenta con una Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, realmente es inoperante.
Dijo que de forma oficial el gobierno de Mauricio Kuri solo ha reconocido la existencia de diez carpetas de investigación por desaparición forzada, ya que muchos casos los ha tipificado como «personas no localizadas».
Otras anomalías en que la FJQ incurre es que para evitar que los familiares de los desaparecidos no se den cuenta de que no se está haciendo nada por localizarlos, los Ministerios Públicos se niegan a darles copias o dejarles leer los expedientes.
Aseguró que un familiar de una persona desaparecida tuvo que iniciar una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, la cual le asignó un Visitador para que lo acompañara hasta la fiscalía para que le diera acceso a la Carpeta de investigación la cual no le entregaron y sólo le leyeron una parte.
Tampoco hay voluntad ni interés por parte de la FJQ de coordinarse con los buscadores para hacer labores de localización e identificación de restos humanos, ni de emitir las fichas de búsqueda a tiempo.
La activista, cuyo hermano Juan González se encuentra desaparecido desde 2006, cuestionó la declaración del gobernador Mauricio Kuri de que en Querétaro sólo hay 204 cuerpos sin identificar.
Tras recalcar que reciben muchas amenazas de individuos que intentan hacerlos desistir en sus tareas de búsqueda, dijo que “Querétaro es el único estado en el que no hemos tenido seguridad en el lugar de alojamiento y todas estas familias vivimos en un alto riesgo”.
A diferencia de otras entidades donde se les asigna un lugar digno para que puedan hospedarse, las buscadoras y buscadores se tuvieron que quedar a dormir en un jardín. Lo único que les proporcionó el gobierno de Mauricio Kuri fue unas colchonetas sin asignarles ningún tipo de seguridad.
Para colmo, según otros activistas, Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno de Querétaro, a pesar de que sabía que el grupo de buscadores no gozaba de ninguna protección por parte de la policía estatal, en entrevistas con medios de comunicación reveló el lugar donde se encontraban, poniéndolos en riesgo de ser atacados por los mismos que perpetran los secuestros y desapariciones.
Y sí bien hace algunos días el gobierno estatal les dio un apoyo de cien mil pesos, a duras penas sirvió para pagar algunos vehículos para transportar a parte del grupo que van a participar en los próximos 14 días en jornadas de búsqueda en los municipios de Querétaro, Jalpan de Serra, San Juan del Río, Tequisquiapan, y Amealco.
En contraste, agradecieron a la sociedad civil de proporcionales alimentos, productos para aseo y otros artículos de utilidad de forma altruista y desinteresada.
También exigieron al gobierno estatal que aprueben las solicitudes que hicieron de permitirles realizar tareas de localización e identificación en centros penitenciarios y en el Servicio Médico Forense.
Finalmente, hicieron un llamado a todos los familiares de personas desaparecidas a unirse en un gran frente para trabajar en conjunto para localizarlos ante el desinterés del gobierno queretano.
«No podemos permitir que nuestros familiares que fueron desaparecidos por el crimen organizado, el gobierno del estado los vuelva a desaparecer», remató Yadira González.
