Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 2 de julio del 2026.- Con el propósito de actualizar el marco normativo del transporte público, la diputada Nancy Frías presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado, la cual busca integrar herramientas tecnológicas al servicio de taxi, además de establecer mecanismos de protección social para los trabajadores del volante.
La propuesta, avalada por diversos líderes gremiales, pretende dotar de mayor competitividad a los taxistas tradicionales frente a los nuevos modelos de movilidad, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios mediante el uso de tecnología autorizada.
El proyecto de ley plantea la incorporación obligatoria de herramientas digitales que permitan:
- Geolocalización e identificación: Rastreo de unidades y datos verificables del operador.
- Gestión de viajes y pagos: Registro detallado de traslados con opciones de pago electrónico y en efectivo.
- Plataforma estatal: La posibilidad de que el Estado implemente o autorice una plataforma propia, destinando recursos para su mantenimiento, la profesionalización de los choferes y la renovación vehicular hacia unidades híbridas o eléctricas.
Más allá de la modernización técnica, la iniciativa aborda problemáticas estructurales que históricamente han afectado la estabilidad de las familias dedicadas a este oficio. La legisladora subrayó la urgencia de legislar en dos vertientes críticas:
- Sucesión de concesiones: La obligación de registrar beneficiarios al renovar o revalidar el permiso para evitar conflictos legales tras el fallecimiento del titular.
- Protección ante accidentes: La implementación de respaldos para conductores que sufran incapacidad permanente durante el ejercicio de sus funciones.
La presentación de esta propuesta contó con el respaldo de representantes de organizaciones como Taxistas Villa Bonita A.C., SUCOVA y la Unión Gremial del Autotransporte (UGAT), quienes han señalado la necesidad de avanzar hacia un modelo que ofrezca mayor seguridad jurídica sin desmantelar el esquema tradicional.
La iniciativa otorga la libertad a los concesionarios de elegir entre mantener el esquema tradicional o migrar a las nuevas herramientas tecnológicas. Con este paso, el Congreso busca cerrar la brecha de competitividad en el sector, aunque queda pendiente observar el impacto real en las tarifas y la capacidad de las autoridades para administrar una plataforma pública frente a la competencia de las empresas privadas de redes de transporte ya establecidas en la capital.
