Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 30 de septiembre del 2026.- Un informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sacude los cimientos de la política fronteriza al sancionar a Carlos Torres Torres —exesposo de la gobernadora morenista Marina del Pilar— y a su hermano Luis Alfonso Torres, señalados como operadores e interlocutores financieros con la facción de “Los Mayos”.
A pesar de los intentos gubernamentales de disipar responsabilidades mediante un supuesto divorcio, la realidad institucional es implacable: a la mandataria estatal le fue retirada la visa estadounidense desde mayo de 2025, evidenciando que el cerco financiero y diplomático ya alcanzó la cúspide del poder en Baja California.
Es de esa forma que la frontera norte de México vuelve a ser el epicentro de un escándalo de proporciones internacionales que cimbra al poder político nacional. La reciente acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —emitida el 29 de septiembre de 2026— no representa únicamente un golpe operativo contra las finanzas y la estructura de mando del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Mayos comandada por Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco); exhibe, con nombres, apellidos y empresas fachada, la metástasis de la narcocorrupción en las entrañas mismas del gobierno de Baja California.
El documento oficial emitido por el gobierno norteamericano desmantela el mito de la autonomía institucional frente al crimen organizado en la franja fronteriza, apuntando directamente a operadores políticos de primer orden que sirvieron como escudos protectores para que las células criminales operaran con relativa impunidad en plazas estratégicas como Tijuana y Mexicali.
En el centro neurálgico de la trama de narcocorrupción destapada en la capital del estado, Mexicali, figuran de manera prominente Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
De acuerdo con la investigación de la OFAC y agencias de inteligencia estadounidenses como la DEA y el FBI, Carlos Torres —identificado formalmente como operador político vinculado a la organización criminal— mantuvo una alianza estratégica con Juan José Ponce Félix (El Ruso), líder de la subfacción de Los Mayos en la región. Su rol dentro de la red no era menor: utilizaba su influencia y posición en el entramado político estatal para facilitar las actividades del cártel, frenar la intervención de corporaciones de seguridad y blindar las operaciones ilícitas frente a cualquier acción de la ley.
La ingeniería financiera de esta red operaba a través de su círculo familiar y cercano. Mientras Carlos Torres fungía como el enlace político e interlocutor de protección, su hermano Luis Alfonso Torres era el encargado de recibir los flujos de sobornos —incluyendo pagos mensuales provenientes de mandos policiales coludidos, como el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García— y blanquear dichos capitales ilícitos a través de una compleja red de empresas inmobiliarias, de hospitalidad y campañas políticas.
La sanción emitida bajo la Orden Ejecutiva 14059 y la EO 13224 no deja lugar a ambigüedades: se bloquearon todos los bienes, cuentas e intereses de personas y empresas ligadas a Luis Torres, tales como Vida Organica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, asfixiando financieramente la estructura económica tejida al amparo del poder.
Frente a la gravedad de los señalamientos, desde el oficialismo se ha intentado blindar la figura de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo argumentando un distanciamiento formal y un proceso de divorcio respecto a Carlos Torres. Sin embargo, los hechos institucionales superan las narrativas de relaciones públicas.
La evidencia diplomática e internacional es lapidaria y desmorone cualquier intento de deslinde político: al gobierno de los Estados Unidos le bastaron los reportes de inteligencia sobre los vínculos de la red familiar para que, desde mayo de 2025, las autoridades consulares y del Departamento de Estado le retiraran la visa a Carlos Torres y a su círculo cercano, un castigo de carácter migratorio y de seguridad nacional que refleja la pérdida absoluta de confianza y el señalamiento directo hacia el entorno inmediato de la titular del Ejecutivo estatal.
La revocación de privilegios diplomáticos y fronterizos a figuras vinculadas al poder ejecutivo de un estado fronterizo marca un hito histórico que ningún comunicado oficial puede sepultar. La sombra de la sospecha y la contundencia de las investigaciones norteamericanas colocan a la administración de Baja California en una crisis sin precedentes de gobernabilidad y escrutinio ético.
El informe de la OFAC detalla cómo la narcocorrupción logró permear las estructuras de seguridad pública municipal. El caso de Pedro Ariel Mendivil García es emblemático: el exjefe policial de Mexicali pactó la entrega del control operativo de la policía municipal a la facción criminal de El Ruso a cambio de sobornos recurrentes, una porción de los cuales terminaba alimentando las arcas y la influencia de Carlos Torres.
Paralelamente, en Tijuana, la red de blanqueo de capitales operada por personajes como Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices —a través de holdings corporativos, empresas de seguridad, entretenimiento y bienes raíces— demuestra que el Cártel de Sinaloa operaba un auténtico corporativo financiero clandestino protegido por la tolerancia u omisión de las autoridades locales.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. no son simples medidas administrativas; representan un parteaguas que pulveriza el discurso oficial de combate frontal a la impunidad en los estados fronterizos.
Para Baja California, el informe de la OFAC representa una radiografía dolorosa y perturbadora: la constatación de que las altas esferas de la política local y los eslabones del narcotráfico transnacional operaron bajo una misma mesa de acuerdos. Hoy, con las cuentas congeladas, las empresas fichadas y la complicidad al descubierto, el gobierno estatal enfrenta el juicio más severo de su historia: el de la verdad documentada que ni los discursos ni el tiempo podrán borrar.
