Por: La Redacción
Sinaloa, Sin., a 11 de julio del 2026.- Los espacios destinados a la recuperación de personas con adicciones y el sistema de internamiento para adolescentes se han transformado en puntos estratégicos para el reclutamiento del crimen organizado en Sinaloa.
De acuerdo con el informe «La guerra de los herederos en Sinaloa», elaborado por el International Crisis Group (ICG), el conflicto interno dentro del Cártel de Sinaloa ha derivado en una captación masiva de jóvenes, quienes hoy constituyen cerca del 40 por ciento de las víctimas de homicidio y la mitad de las personas desaparecidas en la entidad.
El estudio, basado en más de 50 entrevistas realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026, expone un escenario preocupante: integrantes de grupos delictivos aprovechan la fragilidad de quienes buscan rehabilitarse para integrarlos a sus filas, utilizando la oferta de drogas como método de pago o ejerciendo coerción directa.
La investigación señala una omisión crítica por parte de las autoridades: la falta de regulación efectiva en los centros de rehabilitación privados, comúnmente conocidos como «anexos». Esta carencia de supervisión estatal permite que operen dinámicas de reclutamiento sin contrapesos, dejando a los jóvenes en situación de vulnerabilidad ante organizaciones criminales.
El informe del ICG advierte también sobre las deficiencias en el sistema de internamiento para adolescentes, donde el hacinamiento y la falta de programas sociales adecuados facilitan que jóvenes procesados por delitos menores establezcan nexos con redes delictivas.
El proceso de captación sigue un patrón alarmante:
- Los jóvenes son reclutados inicialmente para desempeñar labores de vigilancia para las organizaciones criminales.
- Posteriormente, son obligados a realizar funciones de mayor riesgo, incluida la participación directa en enfrentamientos armados.
Más allá de la violencia perpetrada por las facciones criminales, el análisis pone de relieve la ausencia de alternativas sociales para los jóvenes en situación de riesgo. La necesidad económica y la carencia de políticas públicas preventivas se suman a la falta de regulación institucional, consolidando un círculo vicioso donde los espacios que deberían ser de ayuda se han convertido en semilleros de mano de obra para el crimen organizado.
