Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de octubre del 2025.- En un esfuerzo por garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos, habitantes de cinco comunidades ubicadas en los municipios de Urique, Bocoyna, Guazaparez y Uruachi han decidido llevar a cabo una gira de incidencia con el propósito de exigir a los tres niveles de gobierno que cumplan con las sentencias favorables emitidas por diversos tribunales, las cuales reconocen múltiples violaciones a su dignidad y establecen medidas cautelares y de reparación del daño.
Las sentencias emitidas por los tribunales no solo reconocen una serie de violaciones a los derechos humanos, sino que también establecen medidas cautelares con las cuales se busca proteger a las comunidades vulnerables de la región y prevenir futuras violaciones a la dignidad humana de los habitantes de estas comunidades situadas en el corazón de la Sierra Tarahumara.
En dichas sentencias se incluyen disposiciones para la reparación del daño sufrido por los habitantes de estas comunidades, esto implica no solo compensaciones económicas, sino también acciones concretas para mejorar la calidad de vida y asegurar que los derechos de los habitantes sean respetados y protegidos de manera efectiva.
Dentro de las comunidades indígenas que se encuentran en esta situación se encuentran Huitosachi y Bajípare en el municipio de Urique, cuyos habitantes han sido afectadas por el megaproyecto turístico Barrancas del Cobre por lo que presentaron un recurso de inconformidad 64/22 del Exp. 635/2010 juzgado octavo de Distrito.
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Lo anterior derivado de las afectaciones del megaproyecto de turismo Barrancas del Cobre y que corresponden a descargas de aguas negras en ríos y arroyos, contaminación con basura.
Los efectos de la sentencia son: abastecer de agua potable a las comunidades indígenas afectadas. Hacer un peritaje de las afectaciones al medio ambiente, al agua y a la salud de las personas afectadas. Detener las descargas de aguas negras. Desarrollar una propuesta de tratamiento de aguas con una planta de tratamiento biofiltro. Desarrollar un plan de manejo de basura y reciclaje. Integrar a las comunidades al desarrollo turístico.
Otro de las comunidades es la de Bosques San Elías Repechique en el municipio de Bocoyna, con los Decretos No. 1438/2016 y No. 0119/2016, así como los juicios de amparo: 422/2014 del Juzgado Octavo de Distrito, la sentencia, derivó en la creación del Fideicomiso Bosques de San Elías Repechique, pero que durante esta administración la comunidad no ha podido disponer de este dinero por las reglas que pretende imponer el gobierno del estado.
En la misma comunidad, a través del juicio 642/2018 la sentencia ordena la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal y la legislación para legislar un procedimiento a través del cual se le otorgue el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad.
En el tema de desplazamiento forzado y como víctimas de la violencia ante la falta del Estado de garantizar la seguridad, la paz y el derecho a la vida se encuentran los habitantes de las comunidades de Monterde y El Manzano en los municipios de Guazaparez y Uruachi, respectivamente quienes fueron expulsadas de sus hogares por la violencia en el año 2014 y 2015.
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Las sentencias son: Exp. 917/2022 del juzgado Décimo Segundo de Distrito y el Exp. 847/2022 del Juzgado Segundo de Distrito, que ordenan al Estado Mexicano y a todos sus niveles de gobierno, dar atención psicológica, ayuda humanitaria hasta obtener soluciones permanentes, educación gratuita y laica. Salud, trabajo y capacitación laboral, donación de terrenos para efectos de cumplir con la indemnización proporcional al daño. Integrar y resolver la carpeta de investigación. Soluciones duraderas de regreso, reasentamiento y reintegración.
Es importante destacar que en esta lucha histórica por la defensa de los derechos humanos de las comunidades sus habitantes han estado acompañados y asesorados por la Consultoría Técnica Comunitaria, quienes a la par han enfrentado múltiples desafíos para lograr que las autoridades cumplan con las acciones ordenadas.
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Ante el incumplimiento de las sentencias, los afectados y la Consultoría Técnica Comunitaria exigen al Estado se establezcan mesas de trabajo y comisiones necesarias para el cumplimiento de las sentencias.
Asimismo, solicitaron al Congreso del Estado que destine partidas presupuestales específicas para que las dependencias estatales puedan cumplir con sus obligaciones, y a las instancias federales, que proporcionen los servicios ordenados por las autoridades judiciales.
La gira de incidencia representa un esfuerzo colectivo por parte de las comunidades afectadas para asegurar que sus derechos sean respetados y protegidos. Exigen que los gobiernos cumplan con sus obligaciones legales y morales para garantizar un futuro más justo y equitativo para todos los habitantes de la Sierra Tarahumara.
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