Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de agosto del 2026.- El Congreso del Estado, a través de la Diputación Permanente, emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional orientada a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.
La reforma quedó formalizada luego de ser avalada por 35 ayuntamientos municipales, los cuales concentran el 51.04% de la población total del estado, de acuerdo con los parámetros del Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Con este procedimiento se da cumplimiento al artículo 22 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
El decreto correspondiente será remitido al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación oficial en el Periódico Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente de su promulgación.
Deuda histórica y derechos consagrados
Más allá del trámite legislativo, esta declaratoria representa un paso formal largamente postergado para saldar una deuda histórica con las comunidades originarias del estado. Entre los ejes fundamentales que la reforma busca proteger se encuentran:
- Autonomía y libre determinación: El reconocimiento formal para que las comunidades decidan sobre sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
- Representación política: El derecho inalienable a contar con canales institucionales de participación y representación en la vida pública.
- Educación intercultural: El acceso a esquemas educativos que respeten, valoren y preserven su cosmovisión y lenguas originarias.
- Derechos de la niñez: La garantía de que las niñas, niños y adolescentes indígenas crezcan y se desarrollen en un entorno protegido y enriquecedor para su identidad.
