Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 14 de agosto del 2026.- El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) nombró a Marco Bonilla Mendoza como Coordinador Político Estatal sin haber pedido licencia a su cargo como alcalde de la Ciudad de Chihuahua y asistiendo a un evento político electoral en pleno día laboral.
Mientras la dirigencia panista —encabezada también por Daniela Álvarez Hernández como Coordinadora Estatal Estratégica— el albiazul busca articular el trabajo territorial y consolidar las estructuras municipales de cara a los comicios electorales del 2027.
Sin embargo, el riesgos de operar una coordinación partidista desde la titularidad de un municipio en activo como es el caso de la alcaldia de Chihuahua bajo la dirección del aún alcalde Marco Bonilla Mendoza corren el riesgo de cruzarse bajo cuestionamientos de equidad y tiempos laborales.
Durante la sesión del Consejo Estatal ante dirigentes y militantes, Bonilla Mendoza defendió su decisión de asumir la encomienda bajo la premisa de priorizar el futuro del estado frente a una elección considerada decisiva.
«Lo más cómodo sería terminar mi responsabilidad como alcalde, hacerlo con buenos resultados y regresar tranquilo a mi casa. Pero hay momentos en los que uno no puede escoger lo cómodo. Tiene que escoger lo correcto», expresó el alcalde ante la militancia.
n su discurso, el coordinador político evocó el movimiento democrático de 1986 al cumplirse cuatro décadas de aquella gesta ciudadana, apelando a referentes históricos como Luis H. Álvarez y Francisco Barrio para llamar a la defensa institucional frente a lo que calificó como amenazas autoritarias y el supuesto abandono del Gobierno Federal.
Sin embargo, las cifras locales contrastan de inmediato con dicho discurso. El regidor de Morena, Miguel Riggs, demostró con documentos oficiales que el Municipio de Chihuahua recibió $25 millones de pesos más por concepto de recursos federales durante el primer semestre de 2026, en comparación con el año anterior.
Riggs exhibió la narrativa del alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza y de la tesorera Amanda Córdova, quienes han sostenido públicamente que el Gobierno de México ha aplicado recortes de entre $80 y $140 millones de pesos al Municipio.
Con documentos oficiales en mano, el regidor comparó los ingresos federales de los primeros semestres de 2024 a 2026, exponiendo que los ingresos excedentes registrados por el Ayuntamiento son más que suficientes para evitar la contratación de nueva deuda pública y desechar la justificación de heredar cargas financieras a la siguiente administración.
Asimismo, Bonilla Mendoza reconoció de manera abierta el liderazgo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, ensalzando los resultados en materia de finanzas sanas, la creación de esquemas sociales como MediChihuahua y NutriChihuahua, y las estrategias de seguridad implementadas junto a perfiles como el Secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya Chávez. En este sentido, planteó que la administración estatal actual debe fungir como la base sólida para los próximos tiempos del blanquiazul en la entidad.
No obstante, los hechos contrastan con el discurso oficial, ya que tanto la administración estatal de Campos Galván como la municipal de Bonilla Mendoza han incrementado la deuda pública. Tan solo en lo que va del gobierno panista, la deuda estatal registró un incremento del 32%, recursos que —según señalan los críticos— se han etiquetado en la opacidad sin verse reflejados en la construcción de hospitales o escuelas, mientras que el alcalde capitalino ha acumulado la contratación de créditos por mil 95 millones de pesos.
Con miras a los comicios donde se renovará la gubernatura, Bonilla hizo un llamado a dejar de lado disputas internas y sumar a figuras clave como Jesús Valenciano, Mario Vázquez y Álvaro Bustillos, insistiendo en que el trabajo de partido no se gana desde las oficinas, sino en las calles de los 67 municipios.
No obstante, el contraste no podría ser más evidente. Mientras el alcalde intenta proyectar una imagen de solidez, los hechos exhiben a un gabinete estatal completamente encampañado, con los rostros de sus funcionarios inundando la ciudad en plena promoción anticipada y con cargo al erario público, descuidando sus responsabilidades institucionales por el activismo electoral.
Esta profunda fractura interna quedó al descubierto cuando la propia gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván —considerada la máxima lideresa del panismo estatal— reconoció públicamente la existencia de «traiciones» y deslealtades dentro de su entorno político.
Durante una rueda de prensa, la mandataria admitió haber sufrido fracturas en su equipo bajo los siguientes puntos clave:
- Agendas personales sobre el estado: Señaló que las salidas de algunos colaboradores se debieron a que detectaron intereses particulares y ambiciones personales por encima de las causas ciudadanas.
- Pérdida de confianza: Aseguró que varios de estos exintegrantes «se han ido mal y de malas» tras perder el respaldo institucional.
- Desconfianza generalizada: Al ser cuestionada sobre los nombres de los implicados, sentenció de forma directa: “Confío en pocas personas, para decirlo positivo”, agregando que el ejercicio del poder suele modificar las actitudes de la gente.
- Nombres en el tablero: Aunque evitó señalar directamente a actores específicos, las fricciones ocurren en un contexto marcado por distancias políticas con figuras que han dejado la administración central, como el exfiscal general del Estado, César Jáuregui, y Rafael Loera.
De esta manera, el pretendido discurso de fortaleza choca de frente con la realidad de un partido dividido y operadores políticos más preocupados por asegurar su futuro transexenal que por la gobernabilidad del estado.
