Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., a 23 de junio del 2026.- Durante el octavo periodo extraordinario de sesiones, la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas a diversas leyes estatales con el fin de formalizar el acceso a la justicia, la educación intercultural y la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas.
La iniciativa, presentada por la diputada Edith Palma, integrante de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, implica modificaciones transversales en ordenamientos clave, incluyendo el Código Penal, el Código Municipal, la Ley Estatal de Educación y la Ley de Presupuesto de Egresos, entre otros.
Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentran:
Se establece la obligatoriedad de garantizar la progresividad presupuestal en favor de los derechos humanos de grupos vulnerables, incluyendo explícitamente a los pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes y personas con discapacidad.
En el Código Penal, se añade una agravante para delitos cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad o discriminación. Además, el Código Municipal ahora exige la creación de direcciones de Asuntos Indígenas en municipios con más de 100,000 habitantes.
La Ley Estatal de Educación incorpora formalmente el término de educación indígena, obligando a las autoridades a asegurar el respeto a la interculturalidad y no discriminación desde la educación inicial hasta la secundaria. Por su parte, la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad mandata que las políticas públicas consideren las barreras específicas de las comunidades rurales y serranas bajo una perspectiva intercultural y en su lengua materna.
Si bien estas reformas establecen un marco jurídico robusto en favor de la libre determinación, la autonomía y la participación política en igualdad de condiciones, el éxito de estas medidas dependerá de la capacidad operativa y financiera del Poder Ejecutivo. El decreto transitorio autoriza al Gobierno del Estado a realizar las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo aprobado, lo cual plantea el reto de trasladar estas garantías del papel a la realidad cotidiana de las comunidades.
