Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de junio del 2026.- En el marco de su conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó ante el contraste mediático que ha generado su reciente atención pública al Pato Merlín —mascota no oficial del Mundial— frente a la ausencia de encuentros públicos con colectivos de madres buscadoras. La mandataria fue enfática al subrayar que su gestión de casos de desaparición se realiza bajo una política de discreción y trato directo, rechazando la necesidad de exposición mediática.
Sheinbaum Pardo aclaró que, aunque no mantiene agendas abiertas con los grupos organizados de familiares de desaparecidos, esto responde a una estructura de atención delegada. Según la presidenta, la interlocución formal con dichos colectivos recae en la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Medina, quienes mantienen reuniones periódicas quincenales para abordar las exigencias de justicia.
No obstante, la presidenta sostuvo que su involucramiento es constante en el ámbito privado:
«Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello (…) recibo de manera personal, aquí y también fuera de la ciudad cuando salgo de gira, pero no me gusta hacer algo mediático porque no creo que sea necesario».
Desde una perspectiva humanística, el testimonio de la presidenta plantea una tensión difícil de resolver: la diferencia entre la solución técnica de un caso y el reconocimiento público de una tragedia nacional.
Sheinbaum Pardo afirmó que su metodología consiste en la atención personalizada —incluyendo la provisión de su número telefónico personal a las víctimas— y un seguimiento posterior al gabinete para monitorear avances en expedientes críticos. Bajo esta lógica, la exposición fotográfica o pública de estos encuentros podría, a su juicio, vulnerar la intimidad de las víctimas y restar seriedad a un proceso que debe ser, ante todo, resolutivo.
Sin embargo, para los colectivos de búsqueda, la visibilidad ha sido históricamente la única herramienta capaz de romper la inercia burocrática. El debate no es menor: mientras el gobierno apuesta por una gestión de «casos graves» monitoreados internamente, miles de familias en México sostienen que la desaparición es un fenómeno estructural que requiere, además de acciones de gabinete, una postura política pública que coloque a la crisis de desaparecidos como una prioridad nacional ineludible.
El posicionamiento de Sheinbaum Pardo subraya una forma de gobierno que intenta distanciarse del simbolismo para enfocarse, supuestamente, en el seguimiento operativo. El éxito de esta estrategia no se medirá en la calidad de las reuniones privadas, sino en la capacidad del Estado para reducir las cifras de impunidad y asegurar el reencuentro de miles de familias con sus seres queridos.
La pregunta que subyace es si la discreción, aplicada en un contexto de crisis de derechos humanos, constituye un acto de sensibilidad hacia las víctimas o una forma de evitar el costo político que implica reconocer la magnitud de la tragedia nacional desde la máxima tribuna del país.
