Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 4 de agosto del 2026.- Tras la denuncia penal presentada por exalcaldes panistas de Ciudad Juárez ante la Fiscalía Anticorrupción, el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar rechazó categóricamente las acusaciones de peculado y uso indebido de facultades por más de 105.6 millones de pesos relacionadas con un contrato de barredoras. En su defensa, el edil no solo desmintió el supuesto daño al erario, sino que reviró con señalamientos directos hacia la administración de la capital del estado encabezada por su homonimo, Marco Bonilla Mendoza.
El pasado 27 de julio de 2026, los exalcaldes juarenses Gustavo Elizondo y Ramón Galindo, acompañados por el abogado Mariano Cordero, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para interponer formal denuncia penal contra Cruz Pérez Cuéllar.
La acusación formal apunta a un desvío superior a los 105 millones de pesos. Se detectaron diversas irregularidades administrativas y financieras en un contrato destinado al arrendamiento de ocho máquinas barredoras.
Frente a estos señalamientos, Pérez Cuéllar defendió la legalidad y eficiencia del proceso, argumentando que no se trató de un arrendamiento simple, sino de un esquema de prestación de servicios enfocado en abatir el rezago histórico de limpieza en Ciudad Juárez.
El edil aseguró que su gestión pagó 354 pesos por kilómetro barrido, una cifra menor en comparación con los 482.56 pesos que, según sus datos, se pagan en la capital del estado.
Respaldado en documentos oficiales, afirmó que la flotilla recorrió cerca de 298 mil kilómetros y logró retirar 23 mil toneladas de tierra de las calles juarenses.
Durante su posicionamiento, el alcalde con licencia desestimó las acusaciones y aseguró que los denunciantes carecen de sustento comparativo, afirmando que a la oposición «les va a salir el tiro por la culata». En su declaración textual ante los medios, criticó los costos y contratos vigentes en Chihuahua capital:
«Pues como ustedes saben también, eh, aquí vinieron los exalcaldes de Juárez a a presentar una denuncia y hemos estado nosotros pues revisando muchos datos […] Pero ahora nos quedamos sorprendidos y desde aquí les preguntamos cuándo van a denunciar al alcalde de la capital […] nosotros pagamos por kilómetro 354 pesos y aquí en Chihuahua se paga 482 pesos con 56 centavos, o sea, pagan 128 más por kilómetro barrido que Juárez, que es un 36.2% más caro. Entonces pues les va a salir el tiro por la culata porque ahí están los datos».
Asimismo, el munícipe advirtió sobre las condiciones de los contratos locales en la capital, señalando que estos comprometen a futuras administraciones:
Y además el contrato de Chihuahua fue por 10 años, así como les gusta endeudar aquí a las y a los chihuahuenses, dejaron embarcadas también a las próximas administraciones”, advirtió Pérez Cuéllar.
En el marco de su réplica, Pérez Cuéllar amplió el debate hacia otros rubros de la gestión pública contrastando el ejercicio presupuestal entre ambas demarcaciones. El edil enumeró una serie de supuestos sobrecostos e inercias financieras en la capital:
Acusó diferencias de precios unitarios en luminarias —las cuales, asegura, se pagaron a 4,125 pesos en Juárez frente a 6,624 pesos en la capital—, generando un sobrecosto de 52 millones de pesos en un solo año, además de señalar un sobrecosto de 440 millones de pesos en patrullas.
Asimismo, Cruz Pérez Cuéllar sostuvo que, en términos porcentuales sobre los recursos recibidos en los últimos cinco años, Juárez ha destinado un 15% de su presupuesto a obra pública (equivalente a 5,270 millones de pesos), mientras que la capital asigna un 10%.
El alcalde con licencia concluyó que, sumando los rubros de luminarias, patrullas e intereses de deuda de la administración local, se han derrochado alrededor de 580 millones de pesos, a los cuales —según su estimación— se le deben adherir 43 millones de pesos correspondientes al diferencial de los contratos de barredoras.
La disputa política e institucional entre los actores implicados se mantiene abierta en los tribunales administrativos y la Fiscalía Anticorrupción, donde corresponderá a las instancias legales deslindar responsabilidades sobre el manejo de los recursos públicos en ambos municipios.
