Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 1 de octubre del 2026.- La promesa de esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo conocido como la Guerra Sucia (1965-1990) ha chocado de frente con un nuevo muro burocrático. Apenas cinco semanas después de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitiera una resolución histórica para obligar al desmantelamiento del secretismo militar, el Archivo General de la Nación (AGN) ha advertido que le resulta imposible acatar el mandato judicial.
La sentencia ordenaba la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos integrada por personal del AGN y al menos cinco especialistas designados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo expreso de investigar y recuperar la documentación que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha negado reiteradamente a entregar. Sin embargo, la respuesta del organismo custodio no ha sido la ejecución del fallo, sino el deslinde institucional.
A través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Marco Palafox Schmid, el AGN argumenta que no cuenta con el objeto institucional, las atribuciones legales, el talento humano ni los recursos materiales para encabezar o implementar labores de investigación de tipo ministerial o de procuración de justicia.
Desde la perspectiva del órgano archivístico, su función constitucional se limita a custodiar, conservar y difundir el acervo que recibe, por lo que carece de capacidad para presidir una instancia de coordinación política o de presión sobre las Fuerzas Armadas. Bajo esta premisa, la dependencia busca apersonarse ante el Tribunal para redefinir los alcances de la ejecutoria y sugiere que sea la SEGOB quien asuma el liderazgo de la comisión.
Esta parálisis administrativa amenaza con consumir el plazo de 90 días naturales fijado por el tribunal federal para la puesta en marcha de la comisión, alargando la indefinición en un litigio clave promovido por familiares de personas desaparecidas.
El argumento de la incapacidad operativa del AGN se suma a un patrón histórico de resistencia por parte del Ejército Mexicano. Pese al decreto presidencial emitido en 2019 que instruía a todas las dependencias gubernamentales a transferir al AGN la totalidad de los archivos vinculados a la represión política, las Fuerzas Armadas han mantenido bajo reserva información determinante.
Testimonios de integrantes de organismos de investigación previa, como el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), documentan una estrategia sistemática de dilación y obstrucción por parte del estamento castrense:
- Inconsistencias y mutilación: Expedientes que originalmente contaban con un centenar de fojas terminaban siendo entregados con apenas una quinta parte de su contenido.
- Tácticas de desgaste: Investigadores eran sometidos a esperas de hasta cinco horas para consultar carpetas que previamente habían revisado, bajo el pretexto posterior de que «dichos documentos no existían».
- El comodín de la Seguridad Nacional: La SEDENA echó mano recurrentemente de la reserva por seguridad nacional o investigaciones abiertas para negar información clave, desacatando incluso resoluciones emitidas por el extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Esta opacidad no solo afecta la reconstrucción histórica de las guerrillas urbanas y rurales, sino que encubre la represión ejercida contra movimientos estudiantiles, grupos indígenas, organizaciones sindicales, disidencias sexogenéricas y sectores populares violentados durante más de dos décadas.
Para las víctimas y sobrevivientes, la negativa a desclasificar la totalidad de los acervos militares no es una omisión técnica, sino una estrategia deliberada para proteger a las cadenas de mando que operaron las detenciones arbitrarias, el juzgamiento clandestino y la desaparición forzada.
El caso de Alicia de los Ríos Merino —militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre detenida en 1978 por la Brigada Especial y vista por última vez en instalaciones militares de Acapulco— ilustra el fondo de la exigencia. Su hija, la activista Alicia de los Ríos, ha insistido en que la apertura de las carpetas castrenses es la única vía para identificar a los mandos operativos de la Brigada Especial y del Campo Militar No. 1, así como a los responsables de las ejecuciones e inspecciones en bases aéreas asociadas a los denominados «vuelos de la muerte».
El impase actual coloca en evidencia un problema estructural: mientras el Poder Judicial emite fallos para garantizar el derecho a la verdad, las instituciones civiles se declaran rebasadas y el aparato militar mantiene intacta su autonomía para decidir qué fragmentos de la historia pueden ser públicos y cuáles deben permanecer bajo candado.
Al rebotarse la pelota operativa entre el AGN y la Secretaría de Gobernación, el Estado mexicano vuelve a diferir su deuda histórica con las víctimas de la represión. Mientras no existan mecanismos coercitivos reales que obliguen a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas y entregar la totalidad de sus archivos, la verdad sobre la Guerra Sucia continuará fragmentada y la justicia, postergada.
