Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 20 de julio del 2026.- Ante la designación del gobierno de los Estados Unidos de clasifical Cártel de Juárez como organización terrorista junto con el Cártel de Sinaloa, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, aseveró que cualquier mecanismo que refuerce la lucha contra la delincuencia es bienvenido.

En un contexto donde la violencia ha marcado la agenda en Chihuahua, la declaración del funcionario abre un debate complejo sobre los límites entre la cooperación internacional y la autonomía nacional.

Para Loya Chávez, la clasificación de estos grupos como terroristas es vista «con buenos ojos» argumentando que, más allá de la etiqueta, lo primordial es la eficacia en el combate al crimen.

«Sean cárteles o no, no dejan de ser delincuentes. Entre más mecanismos legales existan para atacarlos, es algo positivo», señaló el titular de la SSPE al ser cuestionado sobre la reciente declaratoria del Departamento de Estado de EUA.

Según el funcionario, esta designación podría facilitar un acceso sin precedentes a información de inteligencia y una coordinación binacional más estrecha, elementos que, a su juicio, son indispensables para frenar el derramamiento de sangre en la entidad.

El discurso del secretario reconoce una inquietud generalizada: el miedo a que dicha designación sea el pretexto para los Estados Unidos para una intervención militar extranjera, en ese sentido, Loya Chávez matizó esta posibilidad apelando a la soberanía, pero enfatizando la necesidad de soluciones urgentes.

Al comparar distintos escenarios internacionales, el funcionario descartó que EUA implementara en México el mismo camino que en Venezuela —donde la intervención externa ha sido directa y conflictiva— y, en su lugar, puso sobre la mesa el «modelo El Salvador». «Yo le apuesto a la colaboración; el gobierno salvadoreño buscó la ayuda internacional y eso funcionó», expresó, sugiriendo que la clave para Chihuahua no debe ser la rendición de la soberanía, sino una sinergia estratégica con Washington para desmantelar las estructuras criminales.

Si bien el respaldo de Loya Chávez es pragmático —enfocado en reducir la violencia en Chihuahua—, su postura subraya una presión política innegable sobre las autoridades locales ante la incapacidad de controlar por sí mismos la ola de violencia generada por el narcotráfico.

La declaración del secretario pone de relieve un dilema que marcará el futuro inmediato de la relación binacional: ¿está Chihuahua preparada para un nivel de cooperación que trasciende los esquemas tradicionales de seguridad?

Mientras el funcionario asegura que «cualquier ayuda es bienvenida», el debate sobre la soberanía sigue abierto. La historia reciente de América Latina sugiere que, cuando los Estados Unidos etiquetan a un grupo como terrorista, las consecuencias rara vez se limitan a un intercambio de información; a menudo, inician un camino de transformaciones geopolíticas que ponen a prueba los cimientos de la autonomía nacional.