Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 3 de septiembre del 2026.- La crisis humanitaria de las desapariciones en México ha alcanzado una nueva dimensión de presión internacional. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares solicitaron formalmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de un “mecanismo extraordinario”. Esta exigencia busca frenar una problemática que rebasa las 135,000 personas desaparecidas y acumula más de 72,000 restos humanos pendientes de identificación forense.
La propuesta, respaldada por Amnistía Internacional, la Fundación para la Justicia, colectivos de búsqueda y expertos académicos, fue remitida a las representaciones de los Estados miembros previo al 81º periodo de sesiones de la Asamblea General. Esta acción se detona tras la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), el cual activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional debido a indicios de que estas prácticas ocurren de manera generalizada o sistemática.
En su resolución adoptada en marzo y publicada en abril, el CED concluyó la existencia de indicios bien fundados sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en distintos puntos del país. Pese a que el Estado mexicano ha rechazado que este delito sea una práctica generalizada o sistemática, los colectivos advierten que el fenómeno se ha expandido a 28 de las 32 entidades federativas, operando bajo un margen de impunidad estimado en el 99%.
Ante la evidente ineficacia de las instituciones nacionales y el colapso forense, las organizaciones enfatizan que las herramientas actuales resultaron insuficientes. El mecanismo extraordinario propuesto no busca sustituir a las autoridades mexicanas, sino establecer una comisión o una figura de experta independiente que diseñe, en conjunto con los actores involucrados, un procedimiento eficaz de búsqueda, identificación y acceso a la justicia que pueda ser evaluado y financiado por la Tercera Comisión de la ONU.
