Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 20 de julio del 2026.- En la colonia Campesina de Chihuahua, la vida se ha detenido en una pesadilla que dura ya 20 años. Dentro de una casa sin puertas, Nicolasa y Emilio, dos adultos mayores de 70 años, conviven con su propio victimario: su hijo, Emilio L.D. Él, bajo el amparo legal de una «inimputabilidad» que se ha convertido en un escudo de impunidad, ha transformado el hogar de sus padres en un centro de consumo de drogas y en el epicentro de un ciclo de terror que ninguna autoridad ha logrado —o querido— romper.
Don Emilio, jardinero de escasos recursos y sobreviviente de un accidente que le dejó secuelas permanentes en el cráneo, y doña Nicolasa, quien vive con una discapacidad severa en la columna y la pérdida de una mano, han suplicado auxilio durante décadas. Han visto cómo su hijo, envuelto en la espiral del cristal y la heroína, los golpea, les roba y los amenaza de muerte mientras las patrullas llegan, levantan un reporte y se van.
«Ya no podemos y le valemos madre a todos. Nos va a matar este cabrón», sentencia Don Emilio. Es el grito de una ciudadanía que ha dejado de creer en sus instituciones porque, para el Estado, ellos no son una prioridad; son solo un expediente más en el archivo de la desidia.
La «inimputabilidad»: ¿Protección legal o licencia para delinquir? El caso de Emilio L.D. desnuda una falla sistémica. Declarado «inimputable» tras un proceso penal por tentativa de homicidio, robo y extorsión, el sistema lo devolvió a la calle, al mismo domicilio con sus víctimas. La ley, que debería proteger a los vulnerables, termina garantizando la libertad del agresor.
No estamos ante una condición hereditaria inevitable, sino ante una consecuencia del consumo prolongado de sustancias ante la cual el sistema de salud mental —representado por un HOSAME saturado y con crisis operativas constantes— ha capitulado. La falta de infraestructura especializada para tratar a «inimputables» violentos condena a las familias a vivir en un estado de sitio permanente.
Mientras Nicolasa y Emilio duermen con miedo a no despertar, el Congreso del Estado y las figuras políticas de todos los colores se pierden en la «grilla» partidista. peleando por narrativas electorales o protagonizan escándalos de doble moral, la realidad de las familias chihuahuenses se desmorona.
La indignación crece cuando contrastamos la ligereza con la que se maneja este caso, frente a la rapidez con la que se castiga a otros ciudadanos o se protege a personajes políticos envueltos en escándalos de corrupción, tráfico de influencias o conductas inmorales. Es una doble moral que revictimiza a quienes, como mi familia, hemos sido abandonados a nuestra suerte.
Como nieto de Nicolasa y Emilio, y como periodista, he sido testigo de esta degradación. He crecido con estrés postraumático, viendo cómo el sistema desfila frente a nosotros sin ofrecer una sola solución materialmente efectiva. Entendí que el problema no es solo Emilio; es un Estado que simula proteger, que rehabilita cuando puede y que, al final, prefiere devolver el problema a casa antes que asumir su responsabilidad.
Durante años, vi desfilar frente a nosotros todo el aparato del Estado: policías, ministerios públicos, jueces, trabajadores sociales y funcionarios de diversas instituciones. Cada uno de ellos ofreció una promesa distinta, una esperanza técnica que terminó en nada. Fue entonces cuando comprendí la cruel realidad: el problema ya no era solo la enfermedad de Emilio, sino un sistema diseñado para la inacción. Un sistema que castiga solo cuando las circunstancias lo permiten, que rehabilita únicamente cuando tiene espacio —que casi nunca es suficiente— y que, bajo el amparo de tecnicismos legales, prefiere devolver el problema al mismo lugar donde comenzó: a casa de mis abuelos. Se lavan las manos con un expediente, mientras nos dejan a nosotros la responsabilidad de sobrevivir a nuestro propio agresor…
Este reportaje no es una petición de lástima. Es una exigencia de justicia. Las autoridades han normalizado la violencia familiar hasta convertirla en el delito de mayor incidencia en Chihuahua, con un 70% de las llamadas de auxilio vinculadas a adicciones.
¿Cuántas vidas más deben perderse para que la salud mental y la seguridad familiar dejen de ser promesas de campaña y se conviertan en políticas de Estado? La indiferencia de nuestros gobernantes ante casos como el de mis abuelos es, en sí misma, una forma de violencia.
Emilio, el agresor, tiene el amparo de una figura jurídica. Mis abuelos, ciudadanos de a pie, no tienen nada. ¿Hasta cuándo, Chihuahua, permitiremos esta simulación?
Con información de Fuente Informativa.
