Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 19 de agosto del 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena (GPPMorena) diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo cuestionó severamente la estrategia jurídica y financiera del Gobierno Municipal respecto al proyecto del nuevo Relleno Sanitario, señalando una posible inconsistencia en el uso de los recursos derivados del crédito originalmente autorizado por 132 millones de pesos.
Estrada, quien ostenta una maestría en amparo, puso en duda la narrativa oficial del Ayuntamiento de Chihuahua sobre una «sentencia contundente» a su favor. Según el legislador, la resolución del Tribunal no ha causado estado, puesto que aún queda abierta la vía del recurso de revisión.
«Mientras ese recurso de revisión no se agote, no causa estado», advirtió el diputado, subrayando que el proceso podría extenderse en instancias colegiadas por un periodo de seis meses hasta año y medio. Con este argumento, Estrada Sotelo critica lo que considera una victoria prematura por parte de la administración municipal, sugiriendo que la complejidad del litigio —que involucra a múltiples promotoras del amparo— es subestimada por las autoridades locales.
El punto medular de la crítica de Estrada Sotelo se centra en la discrepancia sobre la aplicación del crédito. El diputado exhibió documentos que sustentan la autorización original del Congreso local, la cual establecía explícitamente que los 132 millones de pesos tenían como destino exclusivo la «Inversión Pública Productiva en el proyecto de Construcción del Nuevo Relleno Sanitario».
Al respecto, Estrada Sotelo cuestionó la transición de dicho presupuesto hacia la ampliación de celdas en el relleno actual. «Lo votamos a favor porque eran para el nuevo relleno», sentenció, al tiempo que cuestionó la planeación detrás de la compra de terrenos y las mediciones técnicas que obligaron al municipio a reajustar sus planes.
El legislador puso de relieve que, del monto original, apenas restan 65 millones, lo que abre una interrogante crítica sobre la gestión de los recursos y la necesidad de solicitar nueva deuda sin haber resuelto la viabilidad jurídica del proyecto original.
La intervención de Estrada Sotelo pone sobre la mesa una preocupación compartida por diversos sectores: la transparencia en el uso de recursos públicos comprometidos para obras de infraestructura de largo plazo. Si bien el municipio sostiene la urgencia de atender la crisis de los residuos, la postura del diputado subraya la importancia de la precisión técnica y el respeto a los decretos aprobados por el Poder Legislativo.
Ante este panorama, surge una interrogante inevitable para la administración de Marco Bonilla: ¿Es el uso de los fondos remanentes para la ampliación de celdas una solución estructural o un parche financiero ante la falta de concreción del proyecto original?
La falta de una resolución jurídica definitiva mantiene al proyecto en una zona de incertidumbre. Mientras el Ayuntamiento busca avanzar con la infraestructura disponible, la oposición advierte sobre los riesgos legales y financieros de ignorar los tiempos procesales, en un tema que sigue siendo uno de los ejes más sensibles de la agenda pública en Chihuahua.
