Entre la tragedia humana y la simulación: cuando el rescate policial exhibe el abandono de la salud mental frente al derroche

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 18 de agosto de 2026. — La jornada de este fin de semana dejó en evidencia una de las realidades más apremiantes de nuestra sociedad. En cuestión de horas, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y del Heroico Cuerpo de Bomberos lograron poner a salvo a dos hombres que, en medio de una crisis emocional, intentaron atentar contra su vida en distintos puntos de la capital.

Mientras los agentes se ven obligados a desempeñar una heroica labor como primeros respondientes en crisis emocionales, jugándose la vida para rescatar a quienes buscan escapar por la puerta falsa, la realidad presupuestal del Estado deja al descubierto una fría contradicción. Los recursos públicos continúan priorizando espectáculos de masas, eventos de entretenimiento y propaganda —el clásico «pan y circo»— antes que inyectar fondos reales, directos y con resultados tangibles a un sistema de salud mental históricamente relegado.

Más allá de la oportuna y valiosa intervención de los cuerpos de emergencia, los hechos vuelven a colocar sobre la mesa una exigencia impostergable: la salud mental en un estado que lidera las tasas a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y registros oficiales, en la ciudad de Chihuahua se documentaron 68 suicidios entre enero y los primeros días de agosto de 2026, sumándose a los 129 casos confirmados al cierre de 2025 (el 27.1% de la incidencia estatal).

A nivel general, según las Estadísticas de Defunciones del INEGI, Chihuahua repite como la entidad con la tasa de suicidios más alta de todo México, alcanzando un promedio de 13.9 casos por cada 100 mil habitantes, duplicando la media nacional. Los reportes forenses señalan que más del 80% de los casos ocurren en el hogar, siendo el ahorcamiento o asfixia el método principal (entre el 79% y 81%).

Es importante destacar que el combate y atención a la salud mental y la prevención del suicidio ha estado marcado por una contrastante evolución en los recursos asignados al Instituto Chihuahuense de Salud Mental (ICHISAM), los cuales pasaron del abandono financiero a una inyección de recursos tras la presión social y legislativa:

Sin embargo, estas cifras quedan en completa evidencia al dimensionar las prioridades financieras de la administración de María Eugenia Campos Galván: mientras en lo que va de su gestión se han destinado apenas 42 millones 173 mil pesos para intentar contener la crisis de salud mental en los 67 municipios, el gobierno estatal no escatima recursos al destinar más de 2 mil 504 millones de pesos para el control de medios y la distorsión informativa, anteponiendo la propaganda política a la vida y el bienestar de los chihuahuenses.

¿A dónde va el dinero y qué factores obligaron al aumento?

El incremento presupuestal responde a la presión de diversas bancadas en el Congreso y a los resultados de más de 39 mil tamizajes aplicados en 2023, que revelaron niveles críticos de ansiedad, depresión y riesgo suicida en la capital y la zona serrana.

De acuerdo con el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza, los fondos de 2026 se destinan a robustecer la atención integral, capacitar docentes, sostener líneas de respuesta inmediata vinculadas al 9-1-1 y operar los Centros de Atención en Salud Mental. Asimismo, el sector salud administra una bolsa global superior a los 11 mil millones de pesos para financiar la nómina de más de 120 psicólogos y psiquiatras en hospitales generales, así como la operación del Hospital Psiquiátrico Doctor Ignacio González Estavillo.

Por otro lado, al analizar las finanzas del Gobierno Municipal de Chihuahua bajo la administración de Marco Bonilla Mendoza, se observa una marcada opacidad: el Ayuntamiento no cuenta con una partida específica o etiquetada bajo el concepto exclusivo de «salud mental». Los fondos operan de manera diluida e indirecta dentro de bolsas generales del IMPAS, IMPE, DIF o la DSPM, lo que dificulta la fiscalización ciudadana y deja la atención de una crisis prioritaria a merced de transferencias opacas.

Para la ciudadanía que busca atención directa, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) ofrece consultas con una tarifa regularizada de $270.00 pesos (2.30 UMAs), las cuales pueden reducirse hasta los $65.00 pesos mediante estudios socioeconómicos para personas en vulnerabilidad extrema o campañas temporales.

A este obstáculo económico se suma una barrera aún más profunda: la falta de recursos financieros fijos. Aunque el costo de las consultas psicológicas institucionales pueda parecer accesible, los gastos colaterales —como la compra indispensable de medicamentos psiquiátricos y los pasajes de transporte público— encarecen un tratamiento imposible de sostener para quienes enfrentan la crisis.

El costo de la atención privada en salud mental evidencia otra de las grandes barreras para las familias chihuahuenses: mantener un tratamiento particular —que exige tanto las consultas periódicas con un médico psiquiatra como la adquisición constante de los psicofármacos recetados— oscila entre los 900 y los 6,000 pesos mensuales, una cifra que varía drásticamente dependiendo de si se recurre a medicamentos genéricos o de patente, volviéndose un gasto insostenible para quienes carecen de seguridad social o recursos fijos.

Si a esto se añade que una gran parte de las personas con trastornos mentales severos se encuentran desempleadas o precarizadas, el acceso a la atención se convierte en un privilegio inalcanzable, confirmando una cruda realidad: sin dinero, la recuperación en Chihuahua se vuelve prácticamente imposible.