Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 12 de noviembre del 2026.- Ante las fricciones generadas en el Poder Legislativo local, la diputada Rosana Díaz Reyes salió al paso para aclarar los alcances de la propuesta relacionada con la pensión para personas con discapacidad de 30 a 64 años, señalando que la iniciativa responde a una exigencia directa del colectivo Los de Abajo Organizados frente a la negativa del Gobierno del Estado para concretar la firma del convenio bipartita con la Federación.
La legisladora explicó que, tras cumplirse cinco años sin que este esquema de protección social opere de manera regular en Chihuahua, resulta imperativo explorar vías legales y presupuestales que permitan a los beneficiarios acceder, al menos, a la aportación federal, sin que ello signifique renunciar a la contraparte que por ley le corresponde cubrir a la administración estatal.
Díaz Reyes recordó que el pasado 27 de octubre, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto formal dirigido a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para que proceda a la firma del convenio y garantice la partida presupuestal estatal correspondiente a este programa universal.
Sin embargo, ante la falta de respuestas y el estancamiento institucional, la nueva propuesta buscaba apelar directamente al Gobierno Federal para analizar un mecanismo alterno de dispersión de recursos. Respecto al retiro temporal del punto de acuerdo en la tribuna, la diputada rechazó que se trate de un abandono de la causa:
“No estamos retirando una causa ni renunciando a un derecho. Estamos trabajando para construir una propuesta más sólida, que responda a lo que las propias personas con discapacidad nos han solicitado. Mi responsabilidad es escuchar sus voces y llevarlas al Congreso”, aseveró.
En su posicionamiento, la representante popular lamentó que una demanda humanitaria de esta magnitud se reduzca a una disputa partidista dentro del Poder Legislativo, insistiendo en que el sector con discapacidad lleva años esperando soluciones concretas en lugar de enfrentamientos políticos.
“Aquí no se trata de quién presenta primero una propuesta ni de qué partido obtiene reconocimiento. Se trata de que los apoyos lleguen a quienes los necesitan. Ya solicitamos al Estado que cumpla su parte; ahora queremos explorar una vía para que la Federación también pueda aportar los recursos que le corresponden”, puntualizó.
Con este replanteamiento legislativo, el debate sobre la universalidad de las pensiones para personas con discapacidad en la entidad se mantiene abierto, evidenciando las dificultades financieras y de coordinación política que impiden homologar a Chihuahua con el resto de las entidades donde el programa ya opera de manera regular.
