Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 11 de agosto de 2026.— La crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado interno en la Sierra Tarahumara y las regiones colindantes continúa operando en el silencio y la invisibilidad institucional. Así lo advirtió Yareli Rivera, integrante de la organización defensora de derechos humanos Serapaz, durante la presentación del informe Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026. El documento expone cómo la violencia ejercida por el crimen organizado en el territorio conocido como el “Triángulo Dorado” —que comprende los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango— desarraiga comunidades enteras ante la mirada insuficiente del Estado.
Durante el ejercicio de documentación, la Misión Civil constató que las motivaciones detrás de este éxodo masivo responden a una estrategia de control territorial vinculada directamente con el narcotráfico y el trasiego de drogas. Lejos de tratarse de hechos aislados, el fenómeno responde a patrones estructurales donde la presencia gubernamental se ve rebasada o ausente frente a los intereses de grupos delictivos como el Cártel del Pacífico, cuya influencia se extiende hacia la Zona Costa-Sinaloa.
Uno de los hallazgos más críticos del informe señala que el desplazamiento forzado no ocurre en un vacío económico; este va precedido y acompañado por actividades extractivas e ilícitas. Las comunidades sufren el impacto de la minería, la tala ilegal y la apropiación de fuentes hídricas destinadas tanto a grandes agrocultivos como al beneficio de redes corporativas y forestales coludidas con economías criminales. Estas prácticas de control exterior bloquean los corredores de movilidad y socavan los medios de subsistencia locales, sumiendo a los pobladores en una profunda precariedad.
El informe enfatiza con urgencia el sesgo de género que atraviesa esta crisis de violencia. El despojo territorial no solo destruye el tejido social, sino que ha estado precedido por asesinatos de mujeres y niñas, dejando a su paso a viudas y familias desprotegidas. Asimismo, los grupos delictivos han instrumentalizado el desplazamiento para facilitar el trasiego de drogas y precursores químicos, afectando de manera diferenciada y desproporcionada a las mujeres, quienes pierden sus tierras, su patrimonio y su seguridad elemental.
Frente a este panorama, las organizaciones civiles firmantes —entre las que destacan Serapaz, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Ceedhm), el Centro de Derechos Humanos de las Víctimas “Minerva Bello”, Estación Noroeste, Abogadas Demócratas y Defensoras de las Mujeres— reiteraron la exigencia urgente de visibilizar la problemática a escala estatal y nacional. La demanda central apunta a garantizar la restitución de derechos, la protección integral de las familias desplazadas y una estrategia de pacificación que frene el control corporativo y criminal en la sierra.
Imagen de la nota creada con Inteligencia Artificial para evitar la revictimización…
