Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de octubre del 2026.- La tribuna del Congreso del Estado de Chihuahua se convirtió nuevamente en el escenario de una severa confrontación política e ideológica en la cual los integrantes de la bancada de Morena denunciaron formalmente la persistencia de un patrón sistemático de misoginia, descalificaciones y violencia política de género perpetrado por liderazgos y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y sus aliados.
La acusación no se limitó al ámbito parlamentario, sino que escaló hasta las más altas esferas del gabinete estatal, señalando directamente al Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, así como al alcalde con licencia de la capital, Marco Bonilla Mendoza, por incurrir en comentarios y conductas que vulneran la dignidad de las mujeres.
El detonante de la más reciente protesta parlamentaria ocurrió durante la discusión de una iniciativa presentada por la diputada Magdalena Rentería, cuya propuesta busca exigir que el Instituto Estatal Electoral (IEE) abra una investigación de oficio sobre el financiamiento y la logística de una aparatosa caravana realizada en Ciudad Juárez, en la que se exhibieron consignas partidistas utilizando a mujeres bailando sobre tractocamiones.
Para la bancada morenista, este hecho sienta un peligroso precedente de utilización y cosificación del cuerpo femenino con intenciones de propaganda política rumbo al proceso electoral de 2027.
Sin embargo, en lugar de un debate sobre la legalidad y la ética del uso de la imagen femenina en actos proselitistas, la respuesta del bloque blanquiazul derivó en descalificaciones personales. En la misma sesión, las legisladoras denunciaron los ataques verbales lanzados por el diputado panista Saúl Mireles en contra de la congresista María Antonieta Pérez Reyes, buscando deslegitimar sus cuestionamientos mediante el desdén.
En ese sentido, los integrantes de la bancada morenista enlistaron una serie de episodios recurrentes que demuestran la normalización de la violencia verbal y simbólica en el ámbito institucional local, entre las cuales se encuentra el acoso verbal y expresiones despectivas encabezadas por el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda hacia la legisladora juarense Magdalena Rentería.
Así como las crítica públicas emitidas por el alcalde con licencia y aspirante a la gobernatura del estado por el PAN, Marco Bonilla Mendoza quien crítico tanto la vestimenta como la aparicencia fisica de la diputada morenista, Brenda Ríos Prieto desplazando la discusión de sus propuestas legislativas hacia estereotipos de género.
Otro de los señalamientos fueron en contra del ahora exlegislador blanquiazul, Gabriel García Cantú, quien hostigo y realizó descalificaciones misóginas contra la diputada morenista Jael Argüelles Díaz.
Otro de los temas que encendieron el ambiente legislativo durante la sesión fue el rechazo a establecer medidas de protección en favor de la excoordinadora de la Feria de Santa Rita, Andrea Cecilia Domínguez Anguiano quien denunció a Manuel Campos Galván y a Alberto De la Peña Grajeda —hermanos de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, respectivamente— por hostigamiento, acoso y otros delitos cometidos presuntamente con el uso del aparato estatal. Pese a la gravedad de las acusaciones, el exhorto para brindar protección a Andrea y a su familia, así como para auditar el manejo financiero de la feria, fue votado en contra por la mayoría del PAN y sus aliados.
“Para cosificarlas sí, para escucharlas no son responsables. El cuerpo de las mujeres solo sirve cuando sirve a sus objetivos políticos. Aprendan a escuchar a las mujeres, no solo a desvestirlas para fines electorales”, recriminó con severidad la diputada Jael Díaz Argüelles durante la toma del Pleno.
La denuncia pública de las legisladoras de Morena puso al descubierto las profundas contradicciones de la vida democrática e institucional en la entidad, donde ante la incapacidad de la mayoría panista para debatir el fondo de los problemas que aquejan a las y los chihuahuenses —fundamentalmente en materia de gasto público, fiscalización y transparencia—, la respuesta recurrente de la bancada oficialista ha sido el ataque ad hominem y la descalificación machista. Esta dinámica evidencia una cultura política misógina fuertemente arraigada en el poder, la cual cobra mayor gravedad a las puertas del proceso electoral de 2027.
Fue en este contexto donde la diputada Jael Argüelles Diaz elevó el tono de la protesta en el Pleno, encarando a los legisladores del PAN por la cosificación de la mujer en eventos proselitistas, particularmente tras la caravana organizada en Ciudad Juárez donde se exhibió a mujeres bailando sobre tractocamiones:
“Para cosificarlas sí, para escucharlas no son responsables. El cuerpo de las mujeres solo sirve cuando sirve a sus objetivos políticos. Aprendan a escuchar a las mujeres, no solo a desvestirlas para fines políticos”, recriminó con severidad la legisladora ante el intento de la bancada panista por silenciar la discusión.
Este choque parlamentario pone de relieve dos aspectos críticos en la coyuntura política estatal donde resulta paradójico e inaceptable que en un estado atravesado históricamente por la violencia sistemática contra las mujeres, el propio Congreso Local y el Gabinete Estatal incurran en prácticas de discriminación, descalificación y cosificación femenina para la desacreditación política.
La prueba de fuego recaerá sobre el Instituto Estatal Electoral (IEE) y las instancias de derechos humanos, las cuales deberán demostrar si existe la voluntad real de investigar y sancionar la violencia política de género o si el blindaje del grupo en el poder mantendrá estos actos en la total impunidad.
