Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 6 de octubre del 2026.- Un recuento de la agencia Associated Press revela que el 31% de los extranjeros fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) o en sus operativos de detención durante la administración de Donald Trump son de nacionalidad mexicana.
La cifra —18 connacionales de un total de 58 decesos registrados desde enero de 2025— expone una crisis de supervisión médica y derechos humanos que ha obligado al gobierno mexicano a virar de la vía diplomática a la judicial.
El cierre del año fiscal 2026 concluyó con un saldo histórico de 37 muertes bajo la tutela de ICE, la cifra más alta en un solo año fiscal para la agencia, de acuerdo con una investigación publicada por Bloomberg Law. La escalada en la mortalidad coincide con el hacinamiento de un sistema de detención que ha superado los 60,000 migrantes recluidos.
Las posturas contrapuestas entre Washington y las organizaciones civiles colocan el debate en las condiciones de internamiento. Un informe conjunto de Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR) arrojó que, mientras la población bajo custodia de ICE se incrementó en un 77% entre enero de 2025 y enero de 2026, la tasa anualizada de mortalidad se disparó en un 138%.
Este crecimiento desproporcionado desmorona el argumento oficial de que los decesos son un simple reflejo estadístico del aumento de aprehensiones. El estudio documentó fallas graves en la atención médica básica, hacinamiento y omisiones operativas. La crisis de supervisión se agudizó tras el desmantelamiento de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), cuya plantilla se redujo de más de 100 empleados a menos de cinco elementos, según Bloomberg Law.
Pese a los hallazgos, funcionarios de Washington rechazan la existencia de un patrón atípico de mortalidad y sostienen que la población bajo custodia recibe atención médica oportuna y garantías de debido proceso.
El número de decesos detonó un cambio estratégico en la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras el envío infructuoso de 11 notas diplomáticas dirigidas al Gobierno estadounidense exigiendo aclaraciones sobre las 14 muertes en centros de detención y tres en operativos registradas hasta julio pasado, el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidieron llevar los casos ante la justicia de EE. UU.
- Demandas ante fiscalías locales y el Departamento de Justicia: México busca la apertura de indagatorias penales para deslindar la responsabilidad de los agentes de ICE e inspectores de las prisiones.
- Acciones civiles contra prisiones privadas: Querellas dirigidas a las corporaciones privadas que operan los centros de detención para exigir indemnizaciones a las familias de las víctimas y forzar cambios en sus protocolos de salud.
- Litigio ante organismos multilaterales: Acudimiento formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
«No podemos hacer caso omiso de los mexicanos que han muerto en operaciones de ICE o que estaban detenidos en estos centros», sostuvo la mandataria mexicana para justificar la judicialización del caso.
El viraje institucional coloca a México en un terreno de confrontación directa con la política migratoria de Washington. Con 18 connacionales fallecidos, el reto para la Cancillería mexicana consistirá en evitar que los litigios se empantanen en los tribunales estadounidenses y lograr sentencias que obliguen a regular el opaco sistema de prisiones privadas en Estados Unidos.
