Mucho show político, poca seguridad: Causa en Común destapa la precariedad de policías y fiscalías en Chihuahua

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 6 de octubre del 2026.- Mientras la palestra política local y nacional se consume en acusaciones cruzadas, descalificaciones de micrófono y estrategias mediáticas de coyuntura, la estructura operativa de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país atraviesa una de sus crisis de institucionalidad más severas.

Los diagnósticos presentados por las organizaciones civiles Causa en Común e Impunidad Cero revelan una realidad cruda: tanto en el ámbito federal como en el estado de Chihuahua, las corporaciones policiales, las fiscalías y el sistema penitenciario operan en un escenario marcado por el abandono presupuestal, la opacidad disciplinaria y la falta de profesionalización. El balance contrapone de forma contundente el discurso oficial con los datos duros, exponiendo cómo la fragilidad institucional vulnera a los propios agentes, a las víctimas y a la ciudadanía.

Durante el informe regional presentado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Causa en Común e Impunidad Cero documentaron las deficiencias operativas que aquejan a las instituciones encargadas de mantener el orden y procurar justicia en la entidad.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los números reflejan que solo el 8% de los elementos operativos realizó prácticas de tiro de precisión y reacción durante el periodo evaluado. Además, la corporación carece de programas permanentes de actualización y no emitió concursos para la promoción de grados, paralizando la escala jerárquica. Aunque el 88% del personal cuenta con evaluaciones de control de confianza vigentes, persiste una brecha de género estructural: las mujeres integran el 35% de la fuerza pública, pero únicamente acceden al 13% de las posiciones de mando.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) exhibe opacidad institucional al reservar u omitir la totalidad de la información requerida sobre sus órganos de control interno encargados de investigar y sancionar conductas indebidas de sus servidores públicos. A la par, mientras se impartieron cursos de capacitación a agentes del Ministerio Público y policías de investigación, las áreas periciales quedaron marginadas de las convocatorias de ascenso.

En los centros penitenciarios de la entidad, el panorama es similar: el sistema opera sin un servicio profesional de carrera consolidado, sin convocatorias de ascenso, sin protocolos claros para garantizar un internamiento seguro y con cero mujeres en cargos directivos dentro del cuerpo de custodia, a pesar de conformar casi un tercio de la plantilla.

Las carencias registradas en Chihuahua replican la crisis del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su Contrainforme, Causa en Común advierte que los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública carecen de asignaciones presupuestales etiquetadas, convirtiéndose en resoluciones sin impacto operativo real.

• Precarización policial y protestas: En la mitad de las corporaciones estatales del país no existen sistemas de carrera policial. En el ámbito municipal, la falta de registros públicos sobre 1,574 corporaciones impide conocer sus condiciones de fuerza e infraestructura. La precarización laboral ha derivado en al menos 126 movilizaciones policiales (entre paros de labores y manifestaciones) y en el asesinato de 637 agentes de seguridad pública a nivel nacional en lo que va del sexenio.
• Fiscalías desbordadas: A nivel nacional se acumula un rezago de 2.6 millones de carpetas de investigación pendientes de resolución, en un contexto donde las fiscalías continúan sujetas a nombramientos de carácter político y a cargas de trabajo insostenibles para su personal pericial y ministerial.
• Uso desmedido de la prisión preventiva: La población penitenciaria en México creció un 16%, impulsada por la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. De las 272,448 personas privadas de la libertad en el país, 118,266 (el 43.4%) se encuentran en prisión cautelar sin haber recibido una sentencia firme.
• Incapacidad en la atención a víctimas: Las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas operan sobrepasadas. Con un registro reciente de 20,314 personas desaparecidas y la localización de al menos 617 fosas clandestinas en el territorio nacional, organismos internacionales como la ONU y la CIDH han calificado de insuficiente e ineficaz la respuesta estatal.
• Militarización y violencia extrema: El traspaso de tareas de seguridad e infraestructura a las Fuerzas Armadas se ha consolidado en un marco de opacidad. En paralelo, la violencia de alto impacto persiste: el informe contabiliza al menos 2,421 asesinatos acompañados de tortura, 1,073 feminicidios cometidos con crueldad extrema, 693 masacres, así como el homicidio de 125 actores políticos y 14 periodistas.

El contraste entre el debate político y la operatividad técnica de la seguridad es insostenible. Mientras las cúpulas partidistas concentran sus discursos en la confrontación retórica, las descalificaciones mutuas y la coyuntura electoral, los elementos policiales patrullan sin la capacitación ni el equipamiento adecuados, las fiscalías acumulan expedientes sin resolver y las víctimas enfrentan la falta de reparación del daño.

Los hallazgos expuestos tanto en Ciudad Juárez como a nivel federal concluyen que la crisis de seguridad no se resolverá con adjetivos ni con militarización opaca. Se requieren recursos presupuestales etiquetados, controles de evaluación internos transparentes, autonomía funcional en las fiscalías y el fortalecimiento real de las capacidades civiles en las policías y el sistema penitenciario. Sin reformas estructurales de fondo, las instituciones continuarán subordinadas al cálculo político mientras la operatividad de la seguridad se deteriora desde sus bases.