Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 6 de mayo del 2026.- Apenas 48 horas después de asumir la dirigencia nacional de Morena, Ariadna Montiel ha transformado el conflicto de seguridad en Chihuahua en una crisis constitucional de alcance nacional. En su primer acto político de alto impacto, Montiel exigió que la gobernadora María Eugenia Campos Galván sea juzgada por «traición a la patria», acusándola de vulnerar la soberanía de México al permitir operaciones clandestinas de agentes estadounidenses en territorio estatal.
El posicionamiento de Montiel marca un giro agresivo en la estrategia del partido oficialista. Al centrar su primer mensaje político en la figura de Campos Galván, la nueva dirigente envía una señal clara: el caso de los agentes fallecidos en la Sierra de Chihuahua no será tratado como un error administrativo, sino como una violación directa a la Constitución.
«La investigación no es por el desmantelamiento de narcolaboratorios», sentenció Montiel, desplazando la narrativa de seguridad hacia el terreno de la seguridad nacional. Bajo su óptica, la administración panista provocó una «intervención extranjera» no consensuada con el Gobierno Federal, un delito que en el código político mexicano acarrea el estigma más profundo.
Desde Chihuahua, la respuesta de la gobernadora Campos Galván no se hizo esperar, apelando a una narrativa de «persecución selectiva». En una declaración que buscó evidenciar la disparidad de criterios de la Federación, Campos Galván cuestionó el apoyo ciego que el oficialismo brinda al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa—, frente al escrutinio feroz que ella enfrenta por desmantelar laboratorios de droga.
«De uno se habla mal por impedir que la droga llegue a las familias, y al otro se le defiende a capa y espada», fustigó la mandataria, sugiriendo que el Gobierno Federal protege a sus aliados mientras criminaliza los esfuerzos de seguridad en los estados de oposición.
La presión sobre Chihuahua se intensificó con las declaraciones de Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), quien confirmó que la indagatoria sigue el rastro de quienes permitieron la entrada de agentes extranjeros sin los permisos correspondientes. Con la advertencia de aplicar «todo el peso de la ley» por posibles delitos contra la seguridad nacional, la FGR coloca a la administración estatal en un callejón jurídico cuya salida parece depender de la voluntad política en la capital del país.
Por lo que este enfrentamiento no solo define el futuro político de María Eugenia Campos Galván, sino que establece el tono de la gestión de Ariadna Montiel al frente de Morena: una dirigencia dispuesta a judicializar la soberanía como arma política contra los últimos bastiones del panismo en el norte.
