Por: La Redacción.
La Habana., a 16 de marzo del 2026.- Cuba se ha apagado. De punta a punta, la isla entró este lunes en una «desconexión total» de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), dejando a cerca de 10 millones de personas en una vulnerabilidad absoluta. Lo que el régimen de Miguel Díaz-Canel intenta vender como un incidente técnico, es en realidad el sexto colapso masivo en año y medio; la confirmación de un Estado fallido que ya no puede garantizar ni el derecho humano más básico a la energía.
La empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) no ha dado explicaciones claras. Sin embargo, detrás del apagón que registra «cero megavatios» de generación, se esconde la realidad de una infraestructura termoeléctrica de manufactura soviética que agoniza tras décadas de falta de inversión.
A diferencia de los cortes programados —que ya mantienen a regiones enteras a oscuras hasta 24 horas—, esta caída total paraliza hospitales, interrumpe el suministro de agua y detiene la ya precaria producción de alimentos. En términos de derechos humanos, el Estado cubano está fallando en su obligación de proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos, sumidos en una policrisis que ha provocado el éxodo de hasta el 20% de su población desde 2020.
El colapso coincide, de manera irónica, con el anuncio de que el Gobierno permitirá finalmente que cubanos en el extranjero inviertan o sean dueños de empresas en la isla sin residir en ella. Es una «vuelta de tuerca» desesperada de un Ejecutivo que se encuentra en conversaciones con la administración de Donald Trump, mientras Washington redobla las sanciones que han cortado el flujo de petróleo desde Venezuela.
Dependiente en un 80% de hidrocarburos importados (principalmente de Venezuela y México), la isla vive hoy las consecuencias de una soberanía energética inexistente. Pero mientras los líderes políticos negocian en despachos con aire acondicionado, el pueblo cubano enfrenta la falta de libertades y el racionamiento extremo.
Desde una perspectiva crítica, los apagones masivos no solo son un fallo técnico, sino una herramienta de desmovilización social. Sin electricidad no hay internet, y sin internet, las protestas que han comenzado a brotar —como la reciente hoguera frente a la sede del Partido Comunista— quedan aisladas en la oscuridad.
El descontento es tal que, a pesar de la memoria de los más de mil presos políticos tras las marchas de 2021, los cacerolazos y las sentadas en la Universidad de La Habana vuelven a resonar. El régimen culpa al embargo; el pueblo culpa a la gestión. Lo cierto es que, en pleno 2026, un país entero sin luz es el síntoma de una dictadura que se ha quedado sin energía, en todos los sentidos.
