Por: La Redacción.
Guadalajara, Jal., a 16 de marzo del 2026.- La búsqueda de justicia en el occidente de México ha entrado en una pausa obligada por el miedo y las balas. Tras el operativo militar del pasado 22 de febrero que terminó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el estado de Jalisco se ha convertido en un campo de batalla donde los derechos humanos de las víctimas han pasado a segundo término.
Colectivos de familiares, que por años han suplido la labor de las autoridades con palas y picos, anunciaron la suspensión total de sus brigadas de campo al menos hasta el mes de abril. ¿La razón? El Estado no puede garantizarles lo mínimo: la vida.
Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), denunció que la crisis de inseguridad ha escalado a tal grado que las autoridades les han prohibido las búsquedas en vida y en campo. «Nos prohibieron las búsquedas porque no hay gente de la Guardia Nacional que nos pueda acompañar», señaló Aguilar, cuya lucha por su hijo José Luis Arana comenzó en 2011.
Esta parálisis institucional ocurre mientras Guadalajara se prepara para ser sede del Mundial de Futbol 2026. Mientras se refuerza el despliegue federal para proteger la imagen de la ciudad ante los ojos del mundo, las familias de los desaparecidos quedan confinadas al encierro, temiendo que el fuego cruzado o las represalias del crimen organizado cobren más vidas entre quienes solo buscan un rastro de paz.
El temor no es infundado. Durante el operativo contra “El Mencho”, la violencia dejó un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos y más de 30 integrantes del crimen organizado abatidos, en una jornada marcada por narcobloqueos y quema de vehículos.
Héctor Flores, del colectivo Luz de Esperanza, advirtió que la logística de seguridad es inexistente para predios de alto riesgo, como uno de 10 hectáreas donde recientemente hallaron restos humanos. Por su parte, Arturo Ochoa, padre de dos jóvenes desaparecidos en 2023, fue enfático: «Exigimos que nos acompañe la Guardia Nacional; siempre hemos estado bajo amenaza y no podemos exponernos a más muertes».
Desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que ocurre en Jalisco es una doble victimización. Primero, la desaparición forzada a manos de grupos criminales que reclutan jóvenes como carne de cañón; segundo, el abandono de un Gobierno Federal y Estatal que, al verse superado por la reacción del cártel, opta por «recomendar» la parálisis de las búsquedas en lugar de limpiar el territorio para que las familias ejerzan su derecho a la verdad.
Mientras la presidenta Sheinbaum afirma que «en México gobierna el pueblo», en los predios de Jalisco gobierna el silencio impuesto por el CJNG. La caída de un líder criminal no debería significar la caída de la esperanza para miles de madres; sin embargo, hoy la prioridad parece ser el despliegue militar para la contención de daños políticos, dejando en el olvido a quienes excavan la tierra buscando respuestas.
Imagen generada con IA.
