Por: Redacción.
Ciudad de México., a 28 de febrero del 2026.- El operativo federal que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo dejó un saldo de violencia en las calles, sino una estela de pérdidas patrimoniales sin precedentes. Según cifras oficiales de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), se reportó el robo de 631 vehículos en el marco de las manifestaciones violentas suscitadas entre el domingo y el martes pasados.
La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, calificó el evento como «anormal y atípico». El epicentro de la crisis fue el estado de Jalisco, donde los números son contundentes:
- Promedio ordinario: 12 robos diarios.
- Periodo de crisis: 396 unidades despojadas en solo 48 horas.
Este incremento del 3,200% en la incidencia delictiva refleja la táctica del crimen organizado de utilizar el patrimonio ciudadano (desde autos particulares hasta tractocamiones) como escudos, barricadas o «bombas molotov» sobre las carreteras.
El reporte de la AMIS detalla que el 92% de los casos se concentró en tres estados colindantes, demostrando la capacidad de despliegue del CJNG:
- Jalisco: 396 unidades.
- Michoacán: 101 unidades.
- Nayarit: 80 unidades.
- Guanajuato: 10 unidades.
- Resto del país: 44 unidades adicionales.
Más allá del robo, el problema legal y económico apenas comienza. La AMIS informó que aún se encuentra validando el impacto total de los daños. La gran incógnita para miles de propietarios es si sus pólizas de seguro cubrirán los vehículos que fueron incendiados o utilizados en disturbios, ya que muchas cláusulas excluyen actos de vandalismo masivo o terrorismo.
Para el sector transporte estas cifras representan una señal de alerta roja. Las rutas de logística que conectan al norte con el occidente del país atraviesan zonas de guerra donde el vehículo del ciudadano es visto como material desechable por el crimen organizado.
Mientras las autoridades celebran el golpe al narcotráfico, 631 familias y empresas enfrentan hoy la pérdida de su herramienta de trabajo, en un evento que la estadística oficial ya registra como uno de los despojos patrimoniales más rápidos y violentos de la historia reciente de México.
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