Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 8 de mayo del 2026.- En un sistema de justicia donde las filtraciones a menudo preceden a las notificaciones oficiales, el Congreso de Chihuahua analiza una reforma que podría cambiar la jerarquía de la información judicial. El diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para establecer el «Derecho de Acceso Prioritario a la Información», una medida diseñada para evitar que las víctimas de delitos se enteren del curso de sus investigaciones a través de los medios de comunicación o redes sociales.
La propuesta, que busca adicionar la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, surge como respuesta a una práctica institucional sistemática: la difusión pública de detalles sensibles antes de informar a los directamente afectados. Según el legislador, conocer detalles de un caso por fuentes externas no solo vulnera la privacidad, sino que genera afectaciones emocionales profundas, incurriendo en lo que la ley denomina «victimización secundaria».
«Garantizar que la información sea oportuna, completa y veraz antes de su difusión pública es un asunto de dignidad», sostuvo Villalobos García. La iniciativa plantea que las autoridades tengan la obligación legal de priorizar a las víctimas en la cadena de comunicación, salvaguardando siempre el debido proceso y la confidencialidad de los datos sensibles.
La reforma propuesta bajo el artículo 6 Bis pretende colocar a la víctima en el centro del sistema de justicia, fortaleciendo el derecho a la verdad y la reparación integral del daño. En un contexto nacional donde la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia es crónica, este acceso preferente busca reconstruir el puente entre la ciudadanía y las fiscalías.
Villalobos subrayó que cualquier omisión institucional en este deber de informar no podrá ser utilizada en perjuicio de la persona afectada, estableciendo una salvaguarda legal contra la burocracia.
Si bien la iniciativa ha sido recibida como un avance en materia de derechos humanos, el reto residirá en su implementación técnica. En un estado fronterizo con alto flujo de información de alto impacto, obligar a las instituciones a notificar formalmente a las víctimas antes de que la información «se filtre» requerirá de protocolos de comunicación mucho más ágiles que los actuales. De aprobarse, Chihuahua se colocaría a la vanguardia en la protección de la intimidad de quienes han sido vulnerados por la delincuencia.
