Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 15 de abril del 2026.- Mientras en la capital del estado se habla de progreso y cifras alegres, en las entrañas de la Sierra Tarahumara el silencio se ha vuelto el único refugio para miles de familias desplazadas. No es solo la violencia de las balas lo que las expulsa de su tierra; es el control absoluto del crimen organizado y, sobre todo, el abandono sistemático de un Estado que prefiere negar la crisis antes que enfrentarla.
En ese sentido, un bloque de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos que en primera línea atiende y da seguimiento a esta situación de lesa humanidad que denueva cuenta alzó la voz para denunciar una herida que no deja de sangrar desde hace casi dos décadas: el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) un fenómeno de una realidad que el Gobierno de México, el Estado de Chihuahua y el municipio de Guadalupe y Calvo han decidido ignorar, criminalizando en el proceso a quienes solo buscan sobrevivir.
Si bien la sierra entera cruje bajo la presión criminal, es el municipio serrano de Guadalupe y Calvo donde la situación ha alcanzado niveles críticos. Aquí, la disputa por el territorio no es una cifra en un reporte de seguridad; es el padre que abandona su siembra, es la madre que huye con sus hijos cargando solo el miedo en la espalda, y es la comunidad que desaparece del mapa de la noche a la mañana.
Las organizaciones como Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Casa del Migrante Saltillo, Consultoría Técnia Comunitacia A.C., Red TDT Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, señalan que los casos que llegan a los medios son apenas la punta del iceberg. Existe un «desplazamiento silencioso» que ocurre gota a gota, arrebatando patrimonios, identidades y vidas, ante la ausencia de estrategias coordinadas de seguridad.
La crítica es directa y contundente: la violencia no es solo de quienes empuñan las armas. Es una violencia estructural. Las instituciones públicas han hecho oídos sordos a los llamados al diálogo. La Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos han recibido solicitudes de reunión que permanecen en el limbo de la burocracia.
«Los gobernantes no solo ignoran las necesidades… niegan abiertamente la gravedad de la problemática», dicta el pronunciamiento conjunto. Esta negativa oficial deja a los pueblos indígenas en una vulnerabilidad extrema, cortando su acceso a derechos básicos como salud, educación y alimentación.
El desplazamiento forzado es una violación grave a los derechos humanos que despoja a las personas de su historia. Las organizaciones no solo denuncian; ofrecen su conocimiento de años acompañando a las víctimas para buscar una solución conjunta.
La exigencia es clara: que los tres niveles de gobierno informen sobre la situación real, que escuchen a las familias desplazadas y que, finalmente, se sienten a la mesa de diálogo. La Sierra Tarahumara no necesita más promesas de campaña; necesita que se reconozca que su gente está huyendo para no morir, y que el Estado tiene la obligación constitucional de protegerlos.
Imagen generada con IA con el objetivo de ilustrar el artículo sin revictimizar a las personas desplazadas y sus familias…
