Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 4 de abril del 2026.- Detrás de la reciente y polémica elección de la nueva titularidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se esconde un historial de omisiones, falta de acuerdos y un desprecio sistemático que mantuvo a la institución en la incertidumbre por más de ocho meses. Chihuahua no solo tuvo una Comisión acéfala; tuvo una institución bajo ataque desde la indiferencia legislativa.
Desde el fallecimiento de Javier González Mocken en agosto de 2024, la CEDH quedó bajo el encargo de Alejandro Carrasco Talavera. Lo que debía ser una suplencia temporal de semanas se extendió por casi tres trimestres. ¿La razón? Las fuerzas políticas en el Congreso del Estado no lograban un consenso, dejando la agenda de derechos humanos en un estado de «pausa» mientras el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara y la violencia contra grupos vulnerables demandaban una cabeza firme y legítima.
Uno de los puntos más críticos de este periodo ocurrió durante la entrega del Informe Anual de Actividades. La ley es tajante: el informe debe ser recibido y presentado ante el Pleno del Congreso para garantizar la transparencia y el debate público.
No se trata de una cortesía política, ni de un evento de agenda; la rendición de cuentas de la CEDH es un mandato constitucional que el Congreso de Chihuahua decidió tratar como un simple trámite de oficina.
El Artículo 102 constitucional, en sintonía con el Artículo 16 (Fracción XI) de la Ley de la Comisión Estatal, es inequívoco: el titular tiene la obligación y la facultad de presentar su informe ante la soberanía popular. Peor aún, el Artículo 70 de la ley local no deja espacio a interpretaciones al señalar que este acto debe ser una exposición ante el Pleno, un ejercicio de máxima publicidad y transparencia que hoy fue sustituido por un pasillo oscuro y un sello de recibido.
Al negarle la tribuna al encargado del despacho, el Poder Legislativo no solo ignoró la solemnidad que la práctica legislativa dicta cada enero; cometió un desacato institucional que deja en claro que, para esta legislatura, la ley es opcional cuando la verdad les resulta incómoda.
Sin embargo, en un acto que raya en la discriminación institucional, el Congreso se negó a recibirlo en sesión plenaria. En su lugar, el acto se redujo a una entrega administrativa limitada, en una oficina, evitando que Carrasco Talavera subiera a la tribuna. Invisibilizar al encargado fue, en los hechos, invisibilizar a la institución. ¿Estado de Derecho o Botín Político? Este desdén no es un simple descuido de agenda; es una estrategia sistemática de desprecio.
Al enviar al encargado a «entregar papeles» de manera privada en lugar de permitirle exponer la cruda realidad de los derechos humanos ante los representantes del pueblo, el Congreso envió un mensaje contundente: no nos interesa lo que tengan que decir.
¿Cómo podemos hablar de un Estado de Derecho cuando la autoridad encargada de legislar viola el espíritu de la ley para evitar escuchar verdades incómodas? Mientras las recomendaciones de la ONU al Estado mexicano, el Poder Legislativo responde «congelando» la relevancia de la Comisión.
Hoy, Chihuahua tiene una pluma rota en materia de derechos humanos. Lo más doloroso no es solo el vacío de liderazgo que se vivió por ocho meses, ni los señalamientos de la bancada de Morena respecto a la legitimidad de la nueva presidenta designada por la mayoría del PAN y sus aliados; lo verdaderamente trágico es confirmar que el desprecio a la ley y la invisibilización de las víctimas nacieron desde las mismas instituciones que juraron proteger la dignidad humana. En este Chihuahua de simulación, la justicia no se imparte, se archiva; y los derechos humanos no se defienden, se administran como botín político.
