Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 26 de febrero del 2026.- No es una migración, es un destierro. En el corazón del Triángulo Dorado, donde la geografía es tan accidentada como la ley, se está gestando una de las crisis humanitarias más graves. La región de Guadalupe y Calvo, específicamente el seccional de Atascaderos, se ha convertido en el epicentro de un nuevo éxodo provocado por el terror de las balas.
La realidad de lo ocurrido en Atascaderos es mucho más siniestra de lo que las carpetas de investigación se atreven a registrar. Testimonios recabados desde el corazón de la zona de conflicto por Chihuahua Minuto a Minuto confirman que el éxodo de las familias no fue una decisión tomada al azar sino que fue una orden directa de los sicarios.
«Nos dijeron cuándo y a qué hora teníamos que salir de Atascaderos. La instrucción fue clara: si hacían caso omiso, empezarían a disparar contra las familias», relató una familia que tuvo que tomar unas cuantas cosas y hacer una maleta mal hecha para salir de la comunidad y poder salvar su vida.
Los grupos criminales no solo tomaron el territorio, sino que se adueñaron del tiempo y la vida de la población, imponiendo plazos de salida bajo amenazas. Por lo que la declaración del secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda de que las familias abandonan sus hogares por su voluntad no solo es indolente, sino denota “miopía ven el fenómeno del desplazamiento forzado derivado del terror”, tal como lo refirió el activista y defensor de los derechos humanos, Gabino Gómez Escarcega.
no «abandonaron» sus hogares; fueron expulsadas a punta de cronómetro por comandos armados que actúan con la confianza de quienes saben que la autoridad llegará, si acaso, cuando el pueblo ya sea un fantasma.
En la Sierra Tarahumara el costo de la vida se mide en la velocidad con la que una familia puede empacar sus pertenencias en una bolsa de plástico antes de que los sicarios lleguen a su puerta.
La pesadilla que hoy mantiene a cientos de personas en el exilio inició con el estruendo de las granadas y las rafagas de cuerno de chivo en El Ocote, comunidad que fue escenario de un enfrentamiento donde el armamento de guerra —incluyendo granadas de fragmentación— dejó claro que los grupos criminales no están jugando. Al día siguiente, el horror cobró la vida de un rostro infantil: A.R.N., un adolescente de apenas 14 años, fue acribillado en Atascaderos.
Este asesinato fue el «tiro de gracia» para la paz social. Los ataques no fueron aleatorios. El domicilio de Otoniel Herrera, comisariado ejidal de Redondeados y empresario maderero, fue reducido a escombros por ráfagas de fusiles de alto poder. La orden de los cárteles fue clara: o te unes, o te vas, o mueres.
En medio de este caos, las declaraciones de Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno, han caído como sal en la herida de las víctimas. El segundo a bordo del gobierno de María Eugenia Campos ha minimizado el fenómeno, asegurando que los chihuahuenses salen de sus comunidades «por voluntad propia».
Para el activista y defensor de derechos humanos, Gabino Gómez Escarcega, esta postura es una muestra de «ceguera institucional».
«Con esa miopía ven el fenómeno del desplazamiento forzado derivado del terror. ¿Qué podemos esperar? Absolutamente nada, si acaso algunas migajas», recriminó Gómez.
Gómez Escarcega subrayó que el miedo no es una opción, sino una reacción natural a las ejecuciones, levantones y desapariciones que el Estado se niega a reconocer como una crisis sistémica. El activista denunció que, mientras el Gobierno levanta listas, la sociedad civil es la que realmente atiende a las familias con donaciones de ropa y cobijas recolectadas a través de el CEDEHM y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos que trabajan en mitigar esta tragedia humana que cada día se recrudece ante al indolencia del gobierno.
La tarde de este martes, una hilera de diez camionetas —escoltadas por militares y policías— arribó a Hidalgo del Parral. En ellas viajaban 80 habitantes de Atascaderos, personas que dejaron atrás años de trabajo agrícola y maderero. Pero no llegaron solos; se sumaron a 39 familias que ya habían huido a Parral y otras 25 familias provenientes de Tamazula, Durango.
El motivo del éxodo no es solo la balacera, sino el reclutamiento forzado. Los grupos armados han comenzado a «cazar» hombres, tanto jóvenes como adultos, para integrarlos a sus filas. Ante la negativa de convertirse en carne de cañón para el narcotráfico, los padres de familia han optado por la huida. Sin embargo, la seguridad no está garantizada en el exilio: «Las familias se fueron a Parral, pero los hombres se dispersaron porque la amenaza de los cárteles es que los irán a buscar a la puerta de donde se encuentren», reveló Gabino Gómez.
El control de los cárteles en Guadalupe y Calvo ha llegado al extremo de la asfixia logística. En Atascaderos ya no hay venta de gasolina y los precios de los productos básicos en las tiendas se han disparado sus precios por el control de las rutas de suministro. Es una estrategia de asedio: sitiar a la población hasta que la vida se vuelva insostenible.
Resulta indignante que, ante un panorama de guerra, la respuesta del Gobierno del Estado sea la entrega de una «pequeña despensa y una cobija» para, como dice el dicho popular, «taparle el ojo al macho».
Santiago de la Peña parece olvidar que el desplazamiento forzado es una violación grave a los derechos humanos y un delito reconocido internacionalmente. Decir que la gente se va «porque quiere» es insultar la memoria del niño de 14 años asesinado y el dolor de las madres que hoy duermen en el suelo en casas de extraños en Parral y otros municipios del estado, presos del temor de ser encontrados por los cárteles.
En Chihuahua, el Gobierno no solo ha perdido el control del territorio en la Sierra; ha perdido la brújula moral. Se rehúsan a llamar a las cosas por su nombre porque reconocer el desplazamiento es reconocer que han fallado en su tarea primordial: proteger la vida y el derecho a la paz.
Mientras el Secretario General de Gobierno sigue viendo el mundo a través de los cristales de su oficina en el Palacio, en las regiones de la sierra de Chihuahua y en otras más las comunidades se desangran hasta quedar vacías. El «pueblo» que tanto invocan en sus discursos electorales hoy viaja en la caja de una pick-up, huyendo de una muerte que el Estado jura que no existe.
