Por: Sandra Dueñes Monárrez
Washington, D.C., a 30 de junio del 2026.— Mientras las armas y el fentanilo han ocupado históricamente la narrativa del horror en la frontera, una nueva y silenciosa crisis financiera se ha consolidado en las venas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta semana, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descorrió el velo sobre una sofisticada red de «huachicol fiscal» que inyecta decenas de millones de dólares anuales a una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio.
En el corazón de esta red financiera se encuentra una revelación clave: según una alerta suplementaria emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el pasado 30 de junio de 2026, la magnitud del fraude ha superado la capacidad de vigilancia de los sistemas tradicionales. No estamos ante simples ladrones de ductos, sino ante una red que utiliza empresas fachada con permisos parciales para comprar combustible en EE. UU. y cruzarlo a México, evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La alerta de FinCEN no solo detalla indicadores financieros —como el uso de empresas pantalla registradas en direcciones residenciales o el uso sospechoso de activos digitales—, sino que identifica el destino final de este dinero sucio: las arcas del CJNG. La inteligencia estadounidense subraya que estas ganancias se inyectan directamente en el sistema político mexicano para realizar pagos en efectivo a campañas electorales. Esta «captura del Estado» es la que permite que el sistema opere con impunidad, moviendo combustible bajo facturas que parecen legales ante ojos inexpertos.
Ante esto, la orden de Washington es clara: las instituciones financieras deben aplicar la alerta roja. Cualquier transacción que involucre a empresas sin permisos de la Secretaría de Energía (SENER) debe ser reportada bajo la clave «FIN-2026-FISCALFUELTHEFT».
El operativo coordinado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN no apunta únicamente a sicarios, sino a los «arquitectos» financieros: contadores y operadores logísticos como Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como el cerebro detrás de la red.
Mediante el uso de empresas fantasma y la falsificación de documentos aduaneros, Juraidini logró convertir el contrabando de hidrocarburos en el negocio no relacionado con el narcotráfico más rentable del cártel.
La logística es aterradora: el combustible es desviado de refinerías estadounidenses hacia redes de empresas pantalla en Texas, para luego cruzar la frontera en camiones cisterna y vagones de ferrocarril.
Las autoridades estiman que entre una cuarta parte y un tercio de todo el combustible vendido en México podría tener un origen ilícito. En los últimos doce meses, el FinCEN recibió más de 160 Informes de Actividad Sospechosa (SAR) que totalizan más de 7 mil millones de dólares, con epicentro en Brownsville, McAllen y Eagle Pass.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha enfatizado que desmantelar estas fuentes de ingresos es una prioridad absoluta. Las sanciones incluyen el bloqueo total de activos para individuos como Juraidini y J. Refugio Ruiz Villagomez, así como para empresas como Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution.
Juraidini posee seis empresas en México en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario, incluyendo:
- Centro Cambiario La Peseta, SA de CV
- OJ Living Trust, SAPI de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes y OF Transportes
- Cucumber Sweet Waves Ltd. (sede en el Reino Unido)
Este golpe busca romper una maquinaria que ha permitido al CJNG infiltrar sectores legales y corromper la infraestructura energética de dos naciones. Para el ciudadano, la lección es clara: el «huachicol» ya no es solo una práctica local de perforación; es una red global de lavado de dinero que, bajo la apariencia de legalidad, sostiene el músculo financiero de una organización que sigue traficando muerte.
Fuente: Departamento de los Estados Unidos…👇
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