Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 2 de julio del 2026.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena (GPPMorena), Cuauhtémoc Estrada Sotelo, puso en duda la integridad de la gobernadora del Estado María Eugenia Campos Galván ante la reciente aparición de una empresa inmobiliaria en su declaración patrimonial, señalando una presunta contradicción entre las acusaciones lanzadas por el Ejecutivo estatal hacia la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño y la dirigente nacional de la 4T Ariadna Montiel Reyes y la actividad comercial de la mandataria panista.
Estrada Sotelo advirtió que, a partir de las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2024 y 2025, se registró que la titular del Ejecutivo posee una participación del 98% en la empresa «Administradora Inmobiliaria de Chihuahua S.A. de C.V.». El legislador enfatizó que este registro aparece tres años después de haber asumido el cargo de gobernadora en 2021.
El diputado cuestionó el actuar de la mandataria, quien recientemente ha señalado públicamente a liderazgos de Morena, incluyendo a la dirigente nacional, por supuestas irregularidades en la venta de terrenos en la sierra.
Ante esto, Estrada Sotelo planteó una serie de interrogantes críticas:
- El diputado cuestionó si la posesión de una empresa inmobiliaria por parte de la Gobernadora representa un conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones públicas.
- Señaló la paradoja de que la Gobernadora realice acusaciones de venta de inmuebles sin presentar elementos probatorios, mientras ella misma declara ser dueña de una empresa cuyo objeto social, según infiere por su denominación, sería la actividad inmobiliaria.
- Calificó como «grave» que, desde la titularidad del Ejecutivo, se señale a terceros por actos de comercialización de terrenos cuando existe una propiedad empresarial de naturaleza similar en la propia declaración patrimonial de la mandataria.
Aunque el coordinador de Morena aclaró que no cuenta en este momento con la escritura constitutiva ni con el registro detallado de las operaciones comerciales de dicha empresa, sostuvo que es necesario realizar una investigación a fondo.
«Me parece que eso tiene que investigarse. Tenemos que determinar si esos posibles actos comerciales han tenido relación con el propio actuar de gobierno u otras instancias», puntualizó el legislador, subrayando que el objetivo es esclarecer si ha existido un aprovechamiento del cargo público o un conflicto de intereses derivado de la actividad de la empresa.
Por el momento, Estrada Sotelo calificó el tema como un asunto que debe seguir un «proceso mayor» de fiscalización para determinar el historial de transacciones de la Administradora Inmobiliaria de Chihuahua.
