Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Mazatlán, Sin., a 30 de abril del 2026.- El sol se oculta sobre el malecón de Mazatlán, pero para sus habitantes, la oscuridad no es un fenómeno astronómico, sino un estado de sitio permanente. Lo que alguna vez fue el destino turístico más amado de México, hoy es el epicentro de una tragedia que se escribe con sangre y silencio.
En las calles donde antes sonaba la banda, hoy retumba el eco de las ametralladoras y el estruendo de los bloqueos. Para la justicia estadounidense, este caos no es espontáneo: es la factura de un pacto político que hoy tiene al gobernador Rubén Rocha Moya bajo la lupa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La narrativa que emerge desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es demoledora. No se trata solo de corrupción administrativa; se trata del presunto financiamiento de una campaña electoral por parte de la facción de «Los Chapitos». Según las investigaciones, el ascenso de Rocha Moya al poder en 2021 no fue un triunfo de la democracia, sino una operación de limpieza territorial ejecutada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Ese «pacto» inicial, que prometía una paz artificial bajo el control de una sola facción, se desmoronó con la caída de sus protagonistas. La captura de Ovidio Guzmán y la posterior entrega del líder legendario, Ismael «El Mayo» Zambada, rompieron el delicado equilibrio de la pax narca. Lo que quedó fue un vacío de poder que el gobierno estatal no pudo —o no quiso— llenar, desatando una guerra civil entre «La Chapiza» y «La Mayiza» que ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla.
Mientras en la Ciudad de México la Fiscalía General de la República (FGR) invoca la soberanía y el fuero constitucional para frenar la extradición de Rocha Moya, el rastro de sangre en Sinaloa cuenta una historia distinta. Bajo la administración actual, el estado ha descendido a un abismo estadístico:
Más de 2,100 homicidios dolosos se han registrado desde que Rocha Moya tomó protesta, con picos de violencia que coinciden milimétricamente con las fracturas internas del Cártel de Sinaloa.
El fenómeno de las «desapareciones» el estado de Sinaloa registra una cifra negra de más de 12,000 ausentes, con un ritmo aterrador de 3 a 4 desapariciones por día bajo el actual sexenio. Culiacán y Mazatlán, las perlas del estado, concentran el 70% de estos casos.
El impacto en el turismo es la cara más visible del colapso. Mazatlán, que durante décadas resistió los embates del crimen organizado, hoy vive bajo la sombra de los bloqueos con «monstruos» blindados y el uso de drones con explosivos en las zonas rurales aledañas.
Para el visitante, el paraíso se ha vuelto incierto; para el sinaloense, la «soberanía» que defienden las autoridades es un concepto vacío cuando no garantiza el derecho básico a la vida.
La muerte de dos agentes de la CIA el pasado 19 de abril terminó por agotar la paciencia de Washington. Para el gobierno de los Estados Unidos, la protección oficial a laboratorios de fentanilo y la presunta compra de la gubernatura son piezas de un mismo rompecabezas de seguridad nacional.
La defensa de la FGR, que califica las pruebas estadounidenses como «insuficientes», choca frontalmente con la realidad de las fosas clandestinas y el miedo que paraliza la economía local. El caso Rocha Moya ya no es solo un expediente judicial en el extranjero; es el espejo de una crisis sistémica donde el poder político y el crimen organizado borraron sus fronteras.
Mientras Nueva York espera que el gobernador rinda cuentas, Sinaloa permanece atrapada en un ciclo de violencia que parece no tener fin. La pregunta que flota en el aire caliente del Pacífico es si alguna vez habrá justicia para un estado que, en la búsqueda del poder, parece haber vendido su alma al mejor postor.
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